María Grande al Día

El viernes último fue otro día complicado para la realización de trámites bancarios; con cantidad de público especialmente aumentada por el feriado intermedio, pero poniendo en clara evidencia demoras que son habituales y que no tienen solución.

El día 9 de este mes se cumplieron tres años de la promulgación de la Ley Provincial 10.236  que modifica derechos del consumidor, y establece el trato digno de usuarios y consumidores en locales de atención masiva al público, considerando ‘practica abusiva’ a la demora por un tiempo mayor a treinta minutos en las cajas habilitadas para cobros y pagos. La situación real no se ha modificado. Los bancos apuntan a que sus clientes operen por Internet, pero mientras ello no se intensifique, están en la obligación de atender la situación que la realidad les presente.

Posiblemente este problema no haya sido nunca denunciado y tal vez no lo será, por dos aspectos que se dan en la práctica: Por un lado, quien debió ocupar una o dos horas de su tiempo excepcionalmente porque tiene trámites esporádicos, tal vez no tenga disposición a perder uno o más días en tramitaciones de reclamos; y por otro, quienes tienen trámites bancarios a diario nunca denuncien, por su relación cercana al personal de la sucursal, que es ajeno a la decisión de la empresa bancaria de operar con plantillas de personal cada vez más reducidas.

Ante este panorama es de preguntarse si el estado local (Justicia de Faltas, por ejemplo a falta de defensor del consumidor) no debería intervenir –por facultades propias o por convenio con la autoridad provincial de aplicación de la Ley- para gestionar en este aspecto.

La comprobación no es difícil. Si el acceso al público es hasta las 13 horas, quien se retire después de las 13:30 es portador de un ticket comprobante de su espera. Y es sabido que hay a menudo esperas que exceden de la hora 14.

E.B.