María Grande al Día

El diputado provincial, Alberto Rotman (Frente Cambiemos), solicitó al poder Ejecutivo provincial que implemente en forma urgente la creación de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Entre Ríos con asiento en la ciudad de Concordia.

En un proyecto de resolución que presentó en la cámara de Diputados de Entre Ríos, el legislador de extracción radical requirió la aplicación del artículo número 17 de la Ley Nº 9.754 en su relación con el Decreto Nº 4384/09 M.G.J.E.O.S.P. y su Anexo  I modificado por la Ley Nº 10.049, que contempla la creación de esa Cámara de Casación, con competencia territorial en los departamentos Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Villaguay, San Salvador, Federal e Islas del Ibicuy.

En su iniciativa, el diputado Rotman pidió también que «oportunamente, siempre con la mayor celeridad posible, le otorgue sede en el radio de la localidad aludida y la posterior puesta en funciones a los magistrados y funcionarios que correspondan».

FUNDAMENTOS. El diputado de Cambiemos, indicó en los fundamentos de su proyecto, que el mismo fue elaborado luego de analizar la situación judicial al respecto en materia penal, su competencia y jurisdicción y de reunirse con miembros del Colegio de Abogados de la ciudad de Concordia, «advirtiendo que el poder Ejecutivo provincial, cumplimentó parcialmente el artículo 17 de la Ley 9.754 creando y poniendo en funciones a los magistrados y funcionarios de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Entre Ríos con asiento en la ciudad de Paraná, otorgándole a esta por el momento toda la competencia y jurisdicción provincial».

Recordó que el artículo 17 establece «la creación de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Entre Ríos que contará con dos salas, una con asiento en la ciudad de Paraná con competencia territorial en los departamentos de Feliciano, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay y Nogoyá, y otra con asiento en la ciudad de Concordia con competencia territorial en los departamentos de Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Villaguay, San Salvador, Federal e Islas del Ibicuy. Cada sala estará integrada por tres miembros y un secretario, contando con un Jefe de Despacho y tres escribientes, teniendo competencia material de acuerdo a lo indicado en cada caso”.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA. El diputado Rotman consideró también «que la situación geográfica provincial hace que a muchos ciudadanos y abogados de la matrícula, para poder ejercer su derecho de defensa y/o ejercitar el derecho de víctimas y/o realizar el trabajo profesional que se les designe, respectivamente, deban trasladarse desde pueblos provinciales lejanos hasta la ciudad de Paraná donde hoy tiene sede la única Cámara de Casación Penal, siendo que desde el año 2011 esta legislatura ha sancionado la creación de la Sala de Concordia, circunstancia que conlleva la inequidad en cualquiera de los derechos del ciudadano, inclusive con rango constitucional, que crea una situación de injusticia entre co provincianos, entre aquellos que se encuentran cercanos al radio del tribunal vigente (Paraná) en su relación con los que se domicilian alejados del mismo».

Sostuvo que la creación de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Entre Ríos con asiento en la ciudad de Concordia, como lo establece la Ley Nº 10.049 sancionada en el año 2011, dividiría la jurisdicción provincial con competencia en la materia en dos jurisdicciones», señaló, recordando los departamentos que corresponden a cada una de ellas.

Luego agregó: «El objetivo de la ley que en forma ilógica el P.E.P. no ha acatado creando efectivamente la Sala de Casación Penal en la ciudad de Concordia como se viene sosteniendo, al interpretar a aquellos legisladores que sancionaron la norma incumplida, no es otro que el que hoy nos convoca a peticionar este proyecto de resolución, que conlleva a principios rectores como el de acercamiento geográfico de la jurisdicción judicial al conciudadano; la aceleración de los procesos de revisión de causas penales, que hasta no alcanzar sentencias firmes en la mayoría de los casos mantiene a los reos detenidos y/o a las presuntas víctimas y/o a la sociedad con la incertidumbre de la sentencia definitiva condenatoria o absolutoria según se expida este tribunal de ulterior instancia; circunstancia que lleva implícita el postulado de rango constitucional, receptado por pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos de la doble instancia».

OTROS ASPECTOS. Rotman consideró más adelante: «Si el poder Ejecutivo continúa incumpliendo con la Ley 10.049 (B.O. 12/09/2011), se vulnera la división de poderes, específicamente el del Poder Legislativo que conllevó oportunamente un enriquecedor debate que concluyó en la sanción de la norma, pero además crea un estado de inequidad entre conciudadanos como ut supra se ha dicho ut supra. No nos encontramos aquí en una cuestión de costos o económica, pues bien podríamos decir que la centralización del tribunal en la costa oeste de nuestra provincia acarrea mayores gastos en traslados de detenidos y/o víctimas y/o letrados, más tiempo de tramitación de los procesos, en síntesis crea inequidades entre los actores del proceso, si ellos se encuentran cercanos o alejados del unívoca sala».

También hizo referencia a «la nota remitida por la comisión directiva de la sección Concordia del Colegio de Abogados al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, fechada el 19 de noviembre de 2014 donde se solicitan medidas conducentes a poner en funciones la Sala Penal requerida, a la que nos remitimos, no sin antes decir que el Poder Judicial poco tiene que aportar o decidir al respecto del cumplimiento de la leyes, no es de su competencia la decisión legislativa de la creación de una norma, ni la administrativa de la puesta en funciones, por lo que requerimos sin hesitación a que el P.E.P. cumplimente con la creación del tribunal en Concordia, conforme lo ha establecido la norma de la que se interesa su cumplimentación».

Finalmente, y tras destacar «que en el presupuesto anual oportunamente se contempló su creación», el diputado Rotman le solicitó a sus pares en la Cámara Baja, que se declare de interés el presente proyecto, por cuestiones de derechos humanos, principios de equidad ante la ley, conceptos de política criminal, de economía procesal, de federalismo a la cual nuestros próceres han aportado a la causa nacional, y demás argumentos esbozados en el estos fundamentos. Ergo, debe plasmarse el inmediato funcionamiento de la Sala de Casación Penal en la ciudad de Concordia por el P.E.P., debe cumplirse con la vigente Ley Provincial Nº10.049 (B.O. 12/09/2011)», concluyó.