María Grande al Día

El viernes 8, el bloque de diputados Más para Entre Ríos presentó a la Cámara baja un proyecto de ley que contempla un marco integral de la emergencia alimentaria, que implica la declaración de la emergencia y la creación de un registro provincial de comedores y merenderos. Este martes, en tanto, se espera una nueva jornada en la que se pedirá por la emergencia alimentaria en horas de la mañana, en el ingreso al Túnel Subfluvial Raúl Uranga Carlos Sylvestre Begnis.

Insuficiente

En Paraná, la jornada se realizará por la mañana en el ingreso al Túnel Subfluvial Raúl Uranga Carlos Sylvestre Begnis.

En relación al proyecto enviado a Diputados, Julián Jarupkin, referente provincial de Libres del Sur, dijo: “Nuestra organización participa de la Mesa contra el Hambre, tanto la presentación del proyecto de ley como las reuniones con funcionarios fueron impulsadas desde la misma. En ese marco de acción, creemos que es fundamental activar los mecanismos del Estado que puedan habilitar a los diferentes gobiernos a compras directas, distribución equitativa en el territorio y priorización de los recursos hacia la cuestión alimentaria”.

Además, tal como se informó, desde noviembre la crisis inflacionaria impactó en la posibilidad de brindar un plato de comida, ya que la demanda en los comedores crece día a día y no hay respuesta ante los pedidos al Estado para que colaboren con la provisión de una parte de los alimentos requeridos en los más de 50 comedores existentes en el territorio entrerriano.

En la misma línea, Silvia García, referente de la Corriente Clasista y Combativa, que reparte copas de leche e integra el trabajo diario con otros espacios, en seis merenderos, además de integrar proyectos de producción de la economía social, explicó a UNO: “Siguen recibiendo la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia los que tienen la tarjeta de compra Sidecreer, y del municipio los que recibían para la copa de leche. Pero aún así no alcanza, ya que todos los días se acercan más familias a anotarse para recibir los alimentos”.

Ante esta situación, también invita a la jornada de lucha. Según se comunicó a este medio, son más de 80.000 las viandas que se reparten por mes en la provincia. Las organizaciones sociocomunitarias destacan que desde hace cuatro meses, se volvió más complejo sostener estos espacios. Ha sido crucial la colaboración de los comercios de barrios o donaciones de vecinos, pero ante la creciente inflación y pérdida del poder adquisitivo, así como se acrecentó la demanda, fueron disminuyendo las donaciones, ya que la crisis económica afecta a los sectores medios y bajos de la comunidad.

El Proyecto

Según se indicó desde la prensa del bloque, se busca “establecer políticas y estrategias que permitan garantizar el derecho a la alimentación, y la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad». El proyecto busca la sanción de una ley integral, y en este sentido contempla además la creación de un Registro Provincial de Proveedores y la conformación de la Mesa de Diálogo Social –con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia alimentaria– para garantizar la efectividad de las acciones desarrolladas en el marco de la emergencia. En caso de aprobarse, la ley regiría por un año y la Legislatura podría prorrogarla por 12 meses más.

En la fundamentación de la norma, firmada por la presidenta del bloque, Laura Stratta, se explica: “En el marco de la emergencia el Poder Ejecutivo dispondrá de diversas medidas y herramientas para lograr por todos los medios apropiados la efectividad del derecho a la alimentación, sin perjuicio de los programas existentes en materia de política alimentaria».

En el mismo sentido se prevé un aumento de las partidas presupuestarias en la materia y también una norma amplia por la que se faculta a disponer adecuaciones presupuestarias y todas las decisiones administrativas necesarias para cumplir con el objetivo. Estas herramientas se suman a otras previstas en diversas normativas, como es el caso de la Ley de Economía Social N° 10.151, que permite al Estado Provincial realizar compras a los efectores de la economía social de manera directa, garantizando rapidez en los trámites y el beneficio de dinamizar la economía local.”

Agregan: “Asimismo se dispone la creación del Registro Provincial de comedores y merenderos comunitarios de organizaciones de la sociedad civil y la Mesa de Diálogo Social. El primero tiene por finalidad contar con información precisa, amplia, homogénea y actualizada sobre su funcionamiento en todo el territorio provincial, sus asistentes, infraestructura y recursos. Como así también brindar mayor transparencia acerca del destino de los recursos públicos destinados a dichos comedores y merenderos”.

En este sentido, los legisladores destacaron: “Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es una política de Estado prioritaria; alimentarse bien es un derecho y no un privilegio; el derecho a la alimentación y a la nutrición, es un puente para al acceso a los derechos a la vida, a la salud, a la educación y al pleno desarrollo integral. Las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional no son gastos, son inversiones éticas, estratégicas e inteligentes del Estado Nacional y Provincial. Por esto resulta también necesario promover programas de producción, comercialización y acceso a precios justos a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, y de fortalecimiento de las asociaciones de consumidores de alimentos saludables, entre otras acciones”.

“El hambre no espera”

Desde la organización social Libres del Sur Entre Ríos indicaron a este medio que, junto a otros espacios dedicados a la economía popular, que llevan adelante comedores y merenderos en distintos barrios de la provincia, realizarán mañana una jornada de visibilización de los reclamos, “profundizando nuestro plan de lucha frente a la falta absoluta de respuesta del gobierno ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular”.

En este sentido, agregaron: “Hace meses se viene sufriendo el desabastecimiento de alimentos, por orden de Sandra Petovello, en los miles de comedores comunitarios de los barrios populares de todo el país, donde las trabajadoras sociocomunitarias hacen malabares que ya no alcanzan para poder sostener las ollas que alimentan a millones de familias que la están pasando muy mal. Sumado a eso, atacan y estigmatizan a las y los trabajadores de la economía popular con el ajuste en el Potenciar Trabajo, el salario que complementa el laburo que se inventaron millones de personas descartadas del sistema formal. Vuelven al relato de planes en trabajo, una vieja receta que desconoce estas labores con intención de seguir ajustando a los y las de abajo”.

“Intentamos todos los canales posibles para poder dar solución a estos temas urgentes y ya no hay margen, el hambre en nuestros barrios es un límite”, aseveraron.