María Grande al Día

“Se trata –continuó- de desarrollar una nueva conciencia funcional, que ponga el acento en la gente y no en los propios intereses; pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso para promover garantizar y consolidar derechos”. Aseguró que “la judicatura, el funcionariado y agentes del Poder Judicial entrerriano han trabajado diariamente con responsabilidad y conciencia funcional, convencidos que el derecho de los demás es nuestro deber”.

Servicio público cercano a la gente

Al enumerar las políticas implementadas reseñó que durante el 2022 el Poder Judicial de Entre Ríos profundizó el trabajo para facilitar el acceso a Justicia, el ejercicio de derechos y lograr un servicio público cercano a la gente.

En el marco de la política de apertura y contacto directo con quienes se desempañan en el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) realizó 40 reuniones de Acuerdos. De ellas, 18 fueron en las distintas jurisdicciones de la provincia, estableciendo contacto directo con operadores judiciales y representantes de la comunidad.

Vinculado a la mejora del funcionamiento del sistema judicial, el STJ integró la Mesa Interinstitucional, conformada para debatir temas del Poder Judicial con todos los poderes del Estado, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, y el Colegio de la Abogacía.

Entre las medidas adoptadas se reforzó la incorporación de herramientas digitales para una justicia más ágil, transversal y moderna. En ese sentido, la nueva dinámica se expresa en el expediente único digital, la firma digital, la renovada mesa virtual con posibilidad de notificación electrónica y el teletrabajo.

Actos procesales

Con una inversión de 168 millones de pesos durante el año, la modernización del sistema judicial llevó a un aceleramiento en la resolución de los conflictos, lo que se reflejó en las estadísticas: entre enero y diciembre se realizaron más de 2.100.000 actos procesales, que llegaron a 4 millones en el bienio 2020-2022.

Se efectuaron 800.000 presentaciones digitales de profesionales de la Abogacía, hubo 8.043 movimientos judiciales diarios, se dictaron 36.662 sentencias -con una proyección de 44.000-, y se realizaron 23 juicios por jurados en toda la provincia.

El STJ dictó 504 sentencias de amparo y se concretaron 12.000 audiencias de mediación civil. Dos de ellas fueron internacionales (España y México), a través del uso de la tecnología por videoconferencias, permitiendo el acercamiento de las partes, a lo que se sumaron 15.000 audiencias de mediación penal.

Todos los juicios y audiencias penales de interés público fueron transmitidos en vivo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ, facilitando a la ciudadanía el acceso a los procesos.

Capacitación judicial

Otro de los objetivos fue profundizar la capacitación para las y los operadores judiciales. Desde el Instituto de Formación y Capacitación Juan Bautista Alberdi se ofrecieron 158 encuentros y 28 actividades asincrónicas, sumando 506 horas de capacitación. Además se firmaron 13 convenios con casas de estudios nacionales e internacionales y diversas instituciones intermedias.

Otro de los logros fue la implementación del remate judicial en línea, lo que permitió mayor participación de postores del país y del mundo, asignando transparencia al proceso e igualdad de oportunidades. Al 30 de noviembre pasado se registraron 184 remates finalizados y pagados.

Asistencia a víctimas

En la Oficina de Violencia de Género del STJ se recibieron más de 15.000 denuncias de violencia doméstica y contra la mujer. La incorporación de la plantilla on line generada por el STJ fue una herramienta para la tutela de los derechos de las personas en situación de violencia.

Desde el STJ se entregaron 180 celulares para el uso de botones de pánico. Asimismo se firmaron convenios con municipios y entidades intermedias para prestar asistencia mediante el trabajo entre diversos actores sociales para fortalecer la red local, asegurando el principio de inmediatez que debe garantizarse a las personas en situación de violencia en el marco de la normativa internacional, que impone a los diversos poderes del Estado intervenir cada uno desde el rol que detenta.

Plan de infraestructura y acceso a la justicia

En relación a la infraestructura se avanzó con el plan de obras para mejorar edificios con una inversión de 839 millones de pesos. Se inauguraron los edificios propios de los Juzgados de Paz de Estancia Grande, Hernandarias y Hasenkamp; se modernizaron otros cuatro y relocalizaron siete. A la fecha se realizan 12 nuevas obras, hay 13 en desarrollo y 6 en proceso de licitación.

Entre las obras más destacadas está el recientemente inaugurado Laboratorio de Osteología Forense e Identificación Humana, siendo el segundo en el país y la modernización del Laboratorio de Genética Forense.

Continuó desarrollándose el programa “La justicia va a los barrios”, permitiendo un mejor acceso de la ciudadanía a la Justicia en todo Entre Ríos. Durante 2022 el programa se ejecutó en 68 localidades, atendió a 1.520 personas en 250 horas de trabajo, y realizó dos jornadas de atención simultánea en 25 y 29 jurisdicciones, respectivamente.

En materia de recursos humanos este año se realizaron 80 concursos entre cargos técnicos y abiertos, y por primera vez se instrumentó la convocatoria para personas con discapacidad. Se inscribieron para el cargo de escribiente, 5.391 personas.