María Grande al Día

La actividad contó con el apoyo de la Asociación Pensamiento Penal, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER).

En el encuentro disertaron el presidente del CAER, Alejandro Canavesio; la asesora en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Mirta López González; y la jueza de Garantías Nº 5 de Paraná e integrante de la Asociación Pensamiento Penal, Paola Firpo.

La propuesta, realizada de manera virtual, fue generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a la problematización de distintos aspectos del sistema penal juvenil, desde la edad de punibilidad e imputabilidad hasta la intervención judicial en Entre Ríos de los jueces de garantías.

El encuentro, organizado por la Subdirección de Programas y Dispositivos Penales del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), estuvo destinado a equipos territoriales de las coordinaciones departamentales del Copnaf y las Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia de los municipios; a los equipos técnico profesionales del organismo; a abogados, docentes y estudiantes interesados en la materia y también fue abierto a la comunidad en general.

La vicepresidenta del Copnaf, Alejandra Ramírez, celebró «abrir estas instancias que nos ayudan a reflexionar sobre las prácticas y los debates que tenemos que seguir impulsando y sobre las reformas eventuales que tenemos que propiciar. Hay pocas instancias en donde tenemos un intercambio directo con quienes no son operadores del sistema de protección”.

Consideró, además, que “muchas discusiones del ámbito penal juvenil se centran en la edad, en la punibilidad, pero no se dan respuestas como comunidad al adolescente y la contención que le debemos dar, y el por qué debe transitar o no por el sistema judicial».

En este marco, Ramírez manifestó que «es importante construir estrategias para garantizar los derechos que establecen las convenciones internacionales, a estos adolescentes que están en conflicto con la ley penal, que más allá del contacto que tengan con el sistema penal, no debemos olvidar que son sujetos de derechos».

A su turno, Canavesio dijo que es fundamental “llevar adelante verdaderas políticas de Estado que puedan garantizar la protección integral de los niños y adolescentes”. También manifestó la importancia de “promover la especialización de nuestros abogados en esta materia y fundamentalmente quienes ejerzan funciones judiciales en el fuero penal juvenil”.

Sobre este tema, González resaltó la importancia de «pensar cómo hacemos para modificar los criterios y bajar los niveles de violencia». Además comentó que a través de la «Agenda 2030 para el desarrollo sostenible», desarrollada junto con la Senaf, se definieron directrices acordes a las convenciones internacionales para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, donde están tratando de hacerlas operativas a través de la elaboración de los protocolos adecuados para cada situación.

En este sentido, López González llamó a «ver cómo trabajar en la prevención y desde adentro del sistema penal para que estos espacios tengan una apertura a la comunidad». Convocó a terminar con «esa lógica de que se pudran en la cárcel» y actuar para que esos jóvenes salgan mejores cuando cumplan sus condenas.

Asimismo, sostuvo que los adolescentes en el sistema penal juvenil se encuadran en «una franja que está muy relegada, porque el mundo está virando bastante mal y son los que siempre quedan afuera del sistema». Por este motivo considera «necesarias acciones concretas, instalar estos temas en la sociedad y encontrar soluciones judiciales innovadoras que se adapten a la edad de los niños y adolescentes».

Por su parte, Firpo resaltó el concepto del interés superior del niño y comentó que consiste en “buscar el mejor derecho que proteja a niños, niñas y adolescentes, que se los escuche”; y destacó el rol de los equipos interdisciplinarios para encontrar una solución integral.

También manifestó la necesidad de una especialización en los operadores judiciales, para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y que “no quede en letra muerta las convenciones, pactos y tratados en los cuales la Argentina firmó y asumió esas obligaciones».

El encuentro contó con la participación de más de 80 asistentes, entre ellos el vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Omar Carubia; integrantes de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal (Dinai), de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y de otros organismos provinciales de protección.

(Prensa Copnaf)