María Grande al Día

Constituye un hecho de justicia tributaria promover el cobro de las tasas y tributos con los cuales se financia el Municipio procurando el pago tanto de los contribuyentes menores, como así también de quienes cuentan con mayor poder adquisitivo.

Por contrario, el renunciamiento a procurar el pago por parte de empresas con mayor margen de ganancia y poder de capital, es un marcado acto de injusticia.

El aditivo de “borrar” o “eliminar” todo registro, asiento o ficha de inscripción fiscal dentro de los archivos del Municipio evidencia a las claras por dónde van los intereses de la gestión local: en favor del poder económico privado en detrimento de la autonomía municipal y los vecinos que integramos esta ciudad.

Cuando en la gestión pasada iniciamos la experiencia de la Procuraduría Fiscal tuvimos como objeto recuperar deudas y ampliar la base contributiva a los fines de no caer en la misma solución de siempre: el aumento de las tasas y tributos sobre la misma base de contribuyentes.

La gestión local de Cambiemos (muy afín al perfil de lo que fue el Macrismo), duplicó o triplicó el gasto político (basta ver la cantidad de funcionarios, encargados, y contratados con las asignaciones usufructuadas); luego declaró la emergencia a los fines de reacomodar y reasignar partidas sin que el Concejo Deliberante intervenga, consecuentemente impuso una moratoria para beneficiar principalmente a funcionarios, familiares y amigos (en menoscabo de las arcas del Municipio); posteriormente “perdona” deudas a empresas multinacionales de servicios y en paralelo promueve una ordenanza para desprenderse de terrenos de propiedad del Municipio a bajo precio (más allá del justo fin social pretendido); no es necesario ser adivino, mago, vidente o futurólogo para augurar el resultado de todo esto y quiénes vamos a tener que pagar las consecuencias.