María Grande al Día

Organizaciones sociales gremiales, sociales y políticas de distinto origen nos convocamos con el propósito de  debatir los múltiples problemas suscitados por la pandemia, y solicitamos al gobierno provincial que nos convoque a conformar un comité de crisis provincial que atienda las urgencias sociales y económicas. Tenemos mucho para decir y aportar sobre las dificultades que sobrellevan a diario los entrerrianos.

Argentina tuvo que hacer frente a la pandemia del COVID -19 en medio de la declaración de emergencia social aprobada por el congreso en diciembre, y de la renegociación de la deuda externa, profundamente agravada durante el gobierno de Mauricio Macri. En este contexto de crisis, el gobierno de Alberto Fernández, tomó medidas para afrontar la emergencia sanitaria como problema principal, instruyendo en todo el territorio nacional el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo. Su efectividad, en comparación con otros países de la región y del mundo, proporciona por el momento datos positivos.

Al mismo tiempo, la emergencia sanitaria puso al desnudo las desigualdades del país, cuyos principales perjudicados son los que hace décadas conforman el esquema de pobreza estructural. Y que en los últimos cuatro años del gobierno de Cambiemos fueron los principales perjudicados.

Observamos que frente a la enorme crisis suscitada se produce una disputa política por quién debe pagarla. Valoramos positivamente el impuesto a las grandes riquezas que se comenzará a discutir en el Congreso Nacional para que sean quienes históricamente se beneficiaron con las políticas económicas los que esta vez también hagan un esfuerzo. Del mismo modo que nos parece un acierto no pagar y renegociar la enorme deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, consideramos necesario que se suspenda el pago definitivamente para su investigación. Hoy más que nunca la deuda es con el pueblo. Con los millones que viven bajo el índice de pobreza e indigencia, con los trabajadores, con las pymes de la ciudad y el campo, con los jóvenes y niños (el 48% de los niños y niñas son pobres) cuyo futuro es cada vez más incierto, con las mujeres víctimas de violencia de género, en fin, con el pueblo en su conjunto.

Pero la disputa por quién paga la crisis se manifiesta de diferentes maneras. Las grandes industrias (Pan American Energy, Tecpetrol y Techint, entre otras) despiden, suspenden y rebajan los salarios, contrariando el decreto (DNU) del 31 de marzo del presidente Alberto Fernández, donde prohíbe las suspensiones y despidos por el término de 60 días, y contrariando también las necesidades de los trabajadores y sus familias. Estos grupos económicos junto a las grandes cadenas de comercialización que presionan por el aumento de precios, y los bancos (Santander Río, Banco Francés (BBVA), Citibank, Itaú, ICBC, entre otros) cuyas tasas de ganancias fueron extraordinarias con las políticas de Mauricio Macri, pretenden que sea el pueblo quien pague la crisis.

Todo lo anterior constituye un marco crítico insoslayable para la vida presente y futura de la sociedad entrerriana. Por esa razón creemos que es momento de unirnos para actuar coordinadamente con el horizonte puesto en atender las necesidades de la mayoría, y con la perspectiva política de que no sean las clases populares quienes paguen con su vida la crisis de la pandemia, agudizada por cuatro años de políticas neoliberales. Las organizaciones sindicales, sociales y políticas que nos convocamos venimos actuando de distinto modo, mediante acciones directas sobre los problemas que aquejan al pueblo.

En virtud de esto, proponemos al Poder Ejecutivo  la conformación de un Comité Provincial de Crisis, llamando a su integración al conjunto de las organizaciones sindicales, sociales y políticas cuya experiencia territorial, sindical y social, adquirida en largos años de militancia, nos permitirá contribuir en hacer más efectivas las políticas destinadas a paliar las tremendas consecuencias sociales y económicas que nos imponen las circunstancias actuales. Esto en el camino de la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

Firman este documento las siguientes organizaciones:

ATE (Asociación Trabajadores del Estado)

AGMER CDC (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Comisión Directiva Central))

AGMER Seccional Paraná

APYME (Asociación de pequeñas y medianas empresas)

CTA de los Trabajadores

CTA Autónoma de Entre Ríos

CTA Autónoma de Paraná

Multisectorial de mujeres Entrerrianas

CCC Corriente Clasista y Combativa

Somos Barrios de Pie

CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)

La Poderosa

CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista)

Movimiento Ni un pibe menos por la droga

Federación Nacional Campesina de Entre Ríos.