María Grande al Día

La tragedia de Micaela García no solo conmocionó el ánimo de los entrerrianos. Agitó un debate social respecto a las condiciones que deben cumplir los condenados para ser favorecidos con el régimen de salidas anticipadas y beneficios afines; expuso las severas falencias de un juez en el ejercicio de sus funciones y obligó al Estado Provincial a iniciar la reforma de su sistema penal.

En este sentido el Gobernador Bordet envió 2 proyectos estrátegicos que desde la Comisión de Legislación General que presido, analizamos con gran compromiso. La Ley de Ejecución de Penas –ya aprobada en Diputados- y la Ley de Reforma del Patronato de Liberados, cuya sanción unánime dimos en la sesión de hoy. De ambas, fui el miembro informante ante la Cámara.

El Proyecto que aprobamos moderniza y profesionaliza este instituto:
Se crea la figura del Director General que será designado por concurso público, estabilidad en el cargo y deberá contar con título de grado y compromiso con los derechos humanos.
Se conforman 4 Delegaciones Regionales en el interior provincial que contarán con equipos técnicos interdisciplinarios más la sede central en Paraná.
Se establece un modelo de Trabajo en Red entre los poderes del estado y creación de Organismos Técnicos Auxiliares abocados a la función de resocialización y el efectivo control del tutelado.

En definitiva, buscamos compatibilizar las tensiones que generan en un estado de derecho, el proceso de reinserción de los condenados y el derecho a la seguridad pública de toda la población.

Por Dip. Diego Lara