María Grande al Día

En el recinto de la Cámara de Diputados comenzó este martes el debate en torno al proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por lo cual asistieron magistrados, funcionarios y especialistas. El presidente de las comisiones organizadoras, Diego Lara, dijo que los diputados se encuentran ante el desafío de “conjugar los intereses, por un lado, de quienes están en el sistema carcelario, y por el otro, del conjunto de la sociedad” .Lara, que preside las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tuvo a su cargo la apertura del debate, junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Aroldo Castrillón.

Según recordó “el gobernador envío hace unos meses una nueva ley de Ejecución de Penas y medidas de seguridad para Entre Ríos, que encierra una problemática muy compleja donde los legisladores, como en cualquier ley, pero en este caso aún más, necesitan tener una diferente mirada con el aporte de quienes son los actores centrales en una temática como esta”. Lo dijo en referencia a los expositores invitados al recinto.

Sostuvo que los diputados se encuentran “ante el desafío de conjugar los intereses, por un lado, de quienes están en el sistema carcelario, con una pena privativa de la libertad, y cuyos derechos y garantías deben ser tenidas en cuenta, tal como garantizan las normas internacionales, la Constitución y legislación en general”. En base a ello, “deben tener una función de resocialización y reinserción en la sociedad para que tengan respeto a la ley y a los ciudadanos cuando recuperen la libertad”.

“Pero también, por otro lado, tenemos los intereses del conjunto de la sociedad, porque han ocurrido hechos muy graves que han conmocionado socialmente y que exigen determinados controles, rigorismos a los magistrados y a quienes están en el proceso de ejecución penal, para que sean sumamente estrictos a la hora de disponer medidas liberatorias como son una libertad condicional, una salida transitoria”. Se trata, en definitiva, que “el interés social esté protegido para que no ocurran hechos trágico como los que han ocurrido”, agregó.

El caso más emblemático fue el femicidio de Micaela García, el 1º de abril del año pasado, a manos del Sebastián Wagner, condenado por la violación de dos jóvenes pero que se encontraba con el beneficio de libertad condicional, dictado por el juez de Ejecución Carlos Rossi.

Sobre el proyecto, Lara adelantó que “intenta actualizar, dar mayor dinamismo al procedimiento, contempla la creación de un nuevo Juzgado en Entre Ríos y la adaptación a la legislación nacional”.

“Creo que hay mucho para debatir, pero me parece una jornada muy valiosa por los disertantes y por el número de asistentes que han venido al recinto”, agregó a Apf.

Disertantes

El primer panel contó con la participación de los siguientes expositores: Maximiliano Francisco Benítez (Defensor del Ministerio Público de la Defensa), Cecilia Beatriz Bertora (Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad) y Raúl Barrandeguy (representante del Colegio de Abogados de Entre Ríos).

El segundo, en tanto, estuvo integrado por Rubén Alberto Chaia (Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Entre Ríos e integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay), Jorge Amilcar Luciano García (Procurador General del Ministerio Público Fiscal) y Rosario Romero (Ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia).

Fuente. Analisis Digital