María Grande al Día

El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, elevó a juicio la causa en la que se investiga la supuesta privación ilegítima de la libertad de monjas del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, descubierta a partir del testimonio de varias religiosas quienes durante años sufrieron tormentos.

La causa intenta determinar si existió la posible comisión del delito de privación ilegítima de la libertad agravada contra las monjas de clausura que viven en el claustro.

La única imputada en la causa es quien se desempeñaba como Madre Superiora del Carmelo, Luisa Toledo, quien tras ser separada de su cargo fue trasladada a una congregación de Buenos Aires donde realiza un tratamiento médico.

Entre los citados a declarar se encuentra el arzobispo de Paraná, monseñor Alberto Puiggari, ya que “la idea es que comparezcan las personas que pudieron haber tomado conocimiento de los padecimientos de las dos víctimas”, confirmó Uriburu.

El hecho se conoció públicamente en 2016,a partir de la denuncia del periodista Daniel Enz, quien reveló los hechos luego de una investigación que le demandó más de dos años de trabajo y en la que contó con los testimonios de ex religiosas y sus familiares, además de médicos de la localidad que habrían asistido a las monjas.

El fiscal Uriburu dijo que “ahora se espera que se cumplan los términos legales para que el juez notifique a la defensa y convoque a audiencia”, confirmó.

También serán citados como testigos “cuatro o cinco eclesiásticos, personas allegadas a las víctimas y las dos víctimas propiamente dichas”, así como la actual priora del convento, Itatí de María Reina Inmaculada, quien fue designada directamente por el Vaticano.

En su publicación, Enz dijo que en el convento, inaugurado en 1991, “hay castigos permanentes; es habitual el uso del látigo y el cilicio para auto flagelarse; hubo casos de desnutrición y existe una estricta prohibición “de no hablar” de lo que sucede”.

Reveló que “varias de las ex monjas están con tratamientos psicológicos en Entre Ríos o Santa Fe, por las secuelas que tuvieron”. Y que “el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puíggari -quien debe ejercer la autoridad sobre el convento- nunca hizo nada para revertir la situación, pese a que viene tomando conocimiento de los excesos que se cometen” y que “tampoco se ocuparon, en sus mandatos, ni Estanislao Karlic ni Mario Maulión”, ambos ex arzobispos de la capital entrerriana.

En agosto de 2016, luego de la denuncia, Uriburu ordenó el allanamiento del convento, donde residían unas 18 monjas, la mayoría de las cuales ingresó a los 18 años, aunque algunas estarían allí desde los 16.

En el procedimiento, que se inició a la madrugada, y para entrar los policías debieron romper la puerta de ingreso al convento debido a que las autoridades del lugar se resistieron a acatar la orden de la Justicia, manteniéndolas cerradas. Allí la policía secuestró elementos de pruebas, como látigos y cilicios.