13/03/2016 Regionales
«Con solo pagar a los buitres, no arreglamos el fondo del problema»

El diputado nacional (UCR-Entre Ríos) Jorge D´Agostino anticipó su respaldo al proyecto legislativo para sellar el acuerdo con los holdouts que se tratará el próximo martes, pero advirtió a sus pares que la medida por sí sola no permitirá...

«Con solo pagar a los buitres, no arreglamos el fondo del problema»
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El diputado nacional (UCR-Entre Ríos) Jorge D´Agostino anticipó su respaldo al proyecto legislativo para sellar el acuerdo con los holdouts que se tratará el próximo martes, pero advirtió a sus pares que la medida por sí sola no permitirá el regreso de las inversiones extranjeras a la Argentina y dijo que esto sólo se logrará con la recuperación de la credibilidad en las instituciones del país. «Quien invertirá, si el Poder Judicial no tiene credibilidad»

En ese sentido, D´Agostino convocó a todo el espectro político a abordar la reforma judicial e institucional anunciada por el presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, que incluye un paquete de medidas entre las que se destacan la reforma del Código Procesal Penal, el fortalecimiento de la justicia federal, la ley del arrepentido y el decomiso de bienes provenientes del crimen organizado.

“Cerrar el acuerdo con los holdouts es importante, pero es apenas el primer paso para el regreso de las inversiones al país”, dijo el diputado, secretario general del bloque de la UCR.

“Las inversiones llegarán cuando nuestro sistema jurídico e institucional ofrezca garantías y previsibilidad a los inversores y ciudadanos, por lo que es indispensable que abordemos en el Congreso la reforma anunciada por el Presidente”, agregó.

D´Agostino promovió, a lo largo de los dos años que ocupa su banca en Diputados, gran parte de las medidas que están en el paquete de reforma jurídica que impulsa el Gobierno. El dipuado fue el autor de sendas iniciativas en ese sentido, entre ellas, la de la cosa juzgada írrita (para permitir la reapertura de causas de corrupción) la ley que exige cubrir vacantes en los juzgados por mérito y no a dedo, y la que promueve la extinción del dominio, que posibilita disponer de los bienes producto de la corrupción o el delito antes de llegar a una sentencia definitiva.

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