María Grande al Día

Estamos, en estos días de decisiones transformadoras del país, ante el peligro de cometer errores que podrían ser difíciles de reparar. Es el caso del decreto 267/2015 del Gobierno nacional en materia de comunicaciones, que ha abierto la puerta a una preocupante distorsión en el campo de los negocios de la provisión de servicios de radio y televisión en la Argentina, pues, tal como ha sido planteado, propende a la instalación de un discurso dominante en manos de los grupos concentrados de medios y abre el juego a que las empresas de telefonía ingresen al mercado de la TV paga, generando severas inequidades competitivas y regulatorias.
Las pequeñas y medianas empresas de todo el país que operan cables de TV y radio, las voces y producciones locales, y las garantías y derechos de las que gozan actualmente estos cooperativistas están siendo violentadas con esta normativa, que debemos rediscutir con las autoridades nacionales en todas las instancias correspondientes. Para decirlo con simpleza: el DNU 267/2015 está metiendo al zorro en el gallinero.
La norma crea el Ente Nacional de Comunicaciones con intenciones de modificar las leyes N° 26.522 y N° 27.078. Sus 37 artículos estructurados en cuatro títulos refieren a la creación del nuevo ente, a las modificaciones a la Ley 27.078 (de telecomunicaciones), a las modificaciones a la Ley 26.522 (de medios) y a las disposiciones finales y transitorias.
La primera objeción que podemos formular es el cambio que promueve en el artículo 41 de la ley de medios, que prohibía la venta de medios audiovisuales. Ahora se permitirá, facilitando la integración de cadenas privadas de radio y televisión. Esto arrasa con las radioemisoras de baja potencia. Sería intolerable aceptar una competencia desleal.
Segundo reparo: con esta norma, no habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de videocable (hasta ahora era de 24). Los cableros de pequeñas ciudades deberán luchar así con los leones que tienen cobertura nacional, propendiendo a la extinción de Pymes.
Al eliminar las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta, otra vez se infringe con la competencia en igualdad de condiciones. No podrán coexistir empresas de 1 millón de abonados, con aquellas Pymes de 1.000 abonados.
Y finalmente, las empresas de telefonía fija y móvil podrán ingresar en la TV paga, después de dos años contados a partir del 1 de enero próximo. Ésta es la estocada final: Claro, Telecom y Telefónica se frotan las manos para quedarse con todos los cables que operan en ciudades como Pymes, llegando a unos 4 millones de hogares que reciben 600 señales con contenidos locales y regionales. De permitirse esta competencia desleal, hay 20.000 empleos en riesgo.
Mantuve reuniones con el ministro de Comunicaciones, Jorge Aguad, y acertadamente aceptó abrir la mesa de conversaciones con el sector, para que intervengan con sus opiniones, pero esto no será suficiente si sólo se habla. El DNU debe ser modificado, asegurando variantes que impidan la posición dominante de las telefónicas, que con esta redacción, caminan hacia un monopolio del servicio.
Por supuesto que la Argentina necesita de manera esencial generar condiciones de mayor seguridad jurídica para fomentar la inversión y el desarrollo en el sector. Siempre que se cuente con autoridades que regulen y controlen la actividad en forma independiente, técnicamente idónea y neutral, en beneficio de los consumidores, evitando distorsiones en la competencia.
Estamos a tiempo de corregir el rumbo, para contribuir a la transformación de la Argentina.

Jorge D´Agostino Diputado nacional 2013-2017 UCR-C