María Grande al Día

Aunque hace tiempo que se viene hablando de un déficit en la Caja de Jubilaciones de 1.000 millones de pesos al año, el cierre del ejercicio 2015 mostró que la cifra trepó a 2.000 millones. Así lo confirmó Daniel Elías, que preside el organismo desde 2003 y fue designado para continuar en el cargo en la gestión de Gustavo Bordet.

La situación de la Caja es, desde hace años, motivo de inquietud. Y hoy está en boca de todos porque se conecta directamente con el reclamo por el recupero del 15 % de la coparticipación federal de impuestos, que constituye una de las acciones más salientes del gobierno provincial.

En agosto de 1992, hace casi 24 años, el gobierno central comenzó a retener el 15% de la coparticipación a las provincias, para destinar los fondos a superar la crisis de la seguridad social. En Entre Ríos gobernaba Mario Moine y fue quien suscribió el denominado «pacto fiscal», en tiempos de la primera gestión presidencial de Carlos Menem, cuando varios distritos transfirieron sus cajas a la órbita nacional. No fue el caso de Entre Ríos, que siguió haciéndose cargo de las jubilaciones y pensiones, aun con menos coparticipación.

En los años siguientes se fueron sellando distintos acuerdos con la Nación y, en mayor o menor proporción, llegaban remesas destinadas a paliar esa disparidad, siempre a cambio de una «armonización» del organismo que nunca se llevó adelante. Es que ningún gobernante quiso pagar el costo político de la toma de medidas tan antipáticas como la suba en la edad para jubilarse o la revisión de las condiciones para calcular los haberes. Así fue que en 2012 no llegó más plata y el déficit se disparó.

La opinión de los gremios
«Bordet no habla específicamente de la Caja. No dijo nada en su discurso de asunción y tampoco en el mensaje ante la Asamblea Legislativa. No sabemos si la quiere armonizar, si la quiere traspasar o si pretende fortalecerla. No podemos conseguir números oficiales y el gobernador no fija una posición clara, más allá del reclamo por la coparticipación. Esto nos preocupa», señaló a El DiarioOscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Desde el sindicato se apoya el reclamo por la coparticipación «incluso desde antes de que este Gobierno se ocupara del tema». Pero -advierten- en caso de que sea exitoso el recupero de los fondos «no hay garantías de que con eso se resolverá definitivamente el problema». Puntualmente, piden «la revisión de las jubilaciones de privilegio, que representan el grueso del déficit, ya que hay un porcentaje menor de beneficiarios que se lleva el porcentaje mayor de los fondos».

Desde la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que coincide con ATE en el apoyo al Gobierno provincial en el reclamo por la coparticipación, también se considera necesario analizar en detalle el futuro del organismo, más si llegan los fondos en cuestión y hay una oportunidad de llegar al equilibrio definitivo.

«Primero hay que conseguir los fondos, pero después hay que ver qué hacer con la Caja», sostuvo a ante este medio Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN. «Hay que discutir alternativas con la responsabilidad y el tiempo necesarios para que no tengamos que enfrentar una situación parecida dentro de 10 ó 15 años», agregó.

La Caja en números
– 48.150 son los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones
– 14.000 pesos es el haber promedio
– 36.224 son jubilados
– 11.286 son pensionados
– 640 son beneficiarios de leyes especiales

Contra la edad y las pensiones
Desde el sector privado, los cuestionamientos al sistema son tajantes. «No es la Caja deficitaria por fallas de gestión, sino por la definición de sus parámetros», se indica en una publicación sobre la situación de la provincia editada hace cuatro meses por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).

Señalan los empresarios que las mujeres pueden jubilarse a los 57 años y los hombres, a los 62, mientras que en la órbita nacional es a los 60 y a los 65 años. Marcan luego, a modo de ejemplo, que la expectativa promedio de vida de una mujer a los 57 años es de 24 años más, lo que significa que puede llegar a tener casi el mismo tiempo de jubilada y de activa.

«No hace falta mucho cálculo para darse cuenta de la falta de coherencia entre el esfuerzo contributivo y el beneficio obtenido: una empleada pública aporta el 32% de su salario durante 25 años y luego cobra el 82% de su salario durante 24 años», advierten.

En el informe se critica también el sistema de otorgamiento de pensiones por fallecimiento. Se explica que, cuando un jubilado muere, la esposa e hijos menores reciben el 75 % de su haber. Al tiempo que cada miembro de la familia va dejando de cumplir con los requisitos para recibir la pensión (mayoría de edad de los hijos, por ejemplo), los restantes van cobrando más porque entre ellos se reparte esa porción. Así, se da una suerte de carácter hereditario del beneficio, que se agrava con la posibilidad de que, en algunos casos, los nietos o padres a cargo accedan a la pensión. También se pueden acumular pensiones de ambos progenitores y, si bien las viudas que vuelven a casarse dejan de percibir el beneficio, pueden pedir su restablecimiento si se divorcian.

«Las reglas de la Caja adoptan como principio general que la pensión por muerte es un derecho de toda la familia que se extingue cuando cesa el derecho del último miembro, que puede llegar a ser un nieto. El sistema se ha convertido en un esquema de transferencias de recursos públicos a familias que tuvieron la suerte de contar con alguien entre sus miembros que haya sido empleado público», prescriben desde la entidad.