María Grande al Día

El Ministerio de la Nación dictó una resolución publicada este viernes que obliga a 1.400.000 afiliados a obras sociales a que decidan si aportar directamente de la empresa de medicina prepaga que les presta servicio o a seguir aportando a la obra social pero depender únicamente de su cobertura de salud.

Para entender la decisión, hay que repasar cómo funciona actualmente el sistema de salud para los trabajadores en relación de dependencia. El sistema se financia con un aporte del salario de los trabajadores (3%) y de las empresas empleadoras (6%). Cada trabajador puede optar por derivar esos fondos a una obra social o a una prepaga a cambio de una cobertura médica.

Hasta ahora, el trabajador en relación de dependencia que optaba por una empresa de medicina privada estaba obligado a derivar una fracción de sus aportes a una obra social que actuaba como intermediaria y se quedaba con una comisión (2% del total). Con la nueva resolución se termina ese mecanismo, que según fuentes oficiales había permitido la creación de 20 “sellos de goma ” que simplemente se constituían para quedarse con el dinero de la intermediación.

Los trabajadores que no quieran que sus aportes sean derivados automáticamente a la prepaga que les presta servicio tendrán 60 días para formalizar su decisión. La obra social elegida tendrá la obligación de hacerse cargo de la cobertura de salud, pero no podrá girar dinero a una prepaga como lo hace actualmente.

La nueva disposición acelera un mecanismo que ya se encontraba vigente desde febrero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo habilitó un trámite en la web de ARCA para eliminar la intermediación de las obras sociales, sin embargo fueron muy pocos contribuyentes los que ejecutaron la opción.

La nueva disposición de Salud (1/25) está anclada en una resolución que entró en vigencia el 1° de diciembre pasado. Determina que todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente con fondos provenientes de la seguridad social, deberán estar inscriptas en el Registro.

Según señalaron fuentes de la Superintendencia a Infobae, “el anterior sistema permitió que se concentraran más de 30 mil millones de pesos al mes, es decir, 300 millones de dólares al año. Este esquema operó de esta manera durante los últimos 20 años”