María Grande al Día

El martes 26 la diputada del bloque Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, presentó un proyecto de declaración en el que el bloque pidió que la Cámara expresé “su más intenso rechazo frente a la decisión del gobierno argentino de concesionar por treinta años la explotación de la Hidrovía Paraná – Paraguay, llamando a licitación con el objetivo de privatizar la Vía Navegable Troncal; clave para el comercio exterior argentino por donde se exportan alrededor del ochenta por ciento de la producción de nuestro país”.

En los fundamentos se señaló que la decisión se informó “en el marco del Día de la Soberanía”, y se cuestionó que “el anuncio del remate de la hidrovía con llamado a licitación para privatizar la Vía Navegable Troncal, clave para el comercio exterior argentino”.

También sostuvo que “con un esquema de concesión privada a riesgo empresario, el gobierno de Javier Milei convoca a que el Estado Nacional renuncie a sus prerrogativas sobre un área estratégica de la política y la economía internacional: por esta vía fluvial circula cerca del 80% del comercio exterior argentino”.

Cora señaló que “la Vía Navegable Troncal es la autopista hídrica entre el río Paraná y, más arriba, el Paraguay. Un canal que se mantiene a dragado y balizamiento para que puedan navegar barcos de gran calado que transportan grandes volúmenes de carga. Del mismo modo que sucedió con las autopistas, las empresas de servicios públicos, YPF, entre otros, las privatizaciones llevadas adelante durante los años 90 permitieron a las empresas concesionarias cobrar peaje por tonelada fiscalizada”.

La diputada expresó que “desde 1994 y hasta 2021, estuvo en manos de Hidrovía SA, un consorcio entre una empresa belga y otra argentina, con una facturación estimada de 300 millones de dólares por año. Desde el vencimiento del contrato, se optó por administrar la Vía a través de la AGP, que siguió contratando a la empresa belga para dragar y a la argentina para balizar. Privatizar la Hidrovía Paraná – Paraguay abre la puerta al completo descontrol de una problemática que ya ubica al sistema fluvial como un punto nodal en el tráfico de estupefacientes a nivel global”.

Controles y evasión

También fundamentó que “en Paraguay, país que tiene el mayor número de barcazas para transporte registradas, sólo existe operativo un escáner, lo que permite controlar apenas el 2% del volumen de comercio. En el último semestre del año pasado según informes de las autoridades argentinas se secuestraron más de 7.000 kilos de drogas, se estima que solo se detecta el 10% del tráfico ilegal ¿De qué manera menos control estatal va a mejorar estos números? A la problemática del narcotráfico hay que sumarle un tema íntimamente relacionado, que es la evasión fiscal: según un informe de Proyecto Económico y el IADE se estima que entre 2011 y 2020 el Estado perdió de recaudar 10 mil millones de dólares por maniobras en la hidrovía”.

Cora indicó que aquellas cifras son “el 20% de lo producido en materia de granos de oleaginosas en nuestro país. Para el período 2011-2020 se trata de una diferencia de casi 10.000 millones de dólares entre las exportaciones de porotos y subproductos de soja, granos de maíz, harina y grano de trigo registradas por Indec y aquellas declaradas por las aduanas de los países que reciben la mercadería: ‘Considerando el valor total anualizado de las exportaciones de estos productos para la última década, la sumatoria del valor anualizado es de 39.434 millones de dólares de acuerdo a Indec. Mientras que, al observar la suma del valor declarado por las aduanas de destino el valor total declarado asciende a 49.220 millones de dólares’, explica el informe. Sólo en 2020 la diferencia total entre el valor declarado a la salida de las aduanas argentinas y el declarado al ingreso de las aduanas de destino suma 896 millones de dólares”.