María Grande al Día

El primero en exponer fue el doctor en Ciencias Naturales, docente de la UNL e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich. Su disertación era sumamente esperada, dado que oportunamente el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso distancias de fumigación tomando como base sus investigaciones. El experto señaló que entre 2008 y 2010 comenzó a registrarse una creciente presencia de glifosato en diversas materias. Además, en 2016 un estudio en el Río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, especialmente herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo.

El especialista ratificó que Argentina es líder en residuos de este tipo, agregando que un estudio reciente dio cuenta de la aparición del químico en músculos de peces. Dijo luego que, en distintas partes del país, se han hallado restos en agua, sedimentos y hasta en la lluvia. Existen también investigaciones que localizaron glifosato en la orina de personas: “La problemática es cada vez mayor”. Para cerrar, subrayó que la cercanía en las distancias de fumigación hace crecer exponencialmente los peligros.

En segundo turno expuso María Aldana Sasia, abogada y magister en Derecho Ambiental. La letrada fue categórica y calificó de “inconstitucional” la norma. Señaló que no se adecúa al estado actual de la ciencia y al principio de no regresión. Cuestionó las distancias pautadas para fumigar y fustigó la afirmación de que los productos químicos son inocuos: “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró”. La abogada finalizó subrayando que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas y rever el modelo de producción”.

El tercero en exponer fue el médico y docente de la UNR, Damián Verzeñassi. El experto en salud aseguró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población y entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”.

La periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar fue la cuarta expositora. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren: “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos”.

Para cerrar, fue el turno del ingeniero agrónomo Nicolás Indelángelo, que se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica. Los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1.000 metros de distancia. Reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”, fustigó. El profesional puso como ejemplo que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló: “No se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar. Estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”.