María Grande al Día

Una alta fuente del Ejecutivo provincial reconoció a APFDigital que el apoyo político al proyecto entró en una zona de stand by. “Tiene luz amarilla”, graficó en alusión a los colores del semáforo. Luego, sentenció: “No vamos a apurarnos. Escucharemos a todos los sectores y veremos qué modificamos” del articulado que está en debate. “La idea es no apurarnos, hacer un debate profundo y amplio y no llevarlo a los fustazos”, resumió. Otra fuente oficial, pero esta vez del Legislativo, fue un poco más allá: “La orden es freezarlo”, reconoció.

La iniciativa tiene sus particularidades. Es un secreto a voces que fue redactado a instancias del Procurador General, Jorge Amilcar Luciano García, y del Defensor General, Maximiliano Benítez. Pero llegó a la Cámara de Senadores por iniciativa del Poder Ejecutivo. Y otro elemento de extrañeza es que no lo firmó el gobernador Rogelio Frigerio si no la vice, Alicia Aluani, mientras estuvo circunstancialmente a cargo de la Gobernación.

García y Benítez expusieron este jueves ante la Comisión que trata el proyecto. Es altamente probable que se sumen algunas audiencias más en Legislación General del Senado. Y que la iniciativa pase a un segundo plano hasta terminar el año. Ambas Cámaras comenzarán en días a discutir el Presupuesto 2025, algo que insumirá toda la energía y agotará los acuerdos políticos entre oficialismo y oposición, sobre todo en Senadores donde Juntos por Entre Ríos está en minoría. Con viento a favor, el texto quedaría para febrero cuando se retomen las sesiones ordinarias.

En la base de la decisión del Ejecutivo de ralentizar la iniciativa hay dos factores centrales.

El principal es que las reformas que impulsan García y Benítez han mostrado, hasta ahora, ser más una postura personal que el criterio de los Ministerios Públicos que encabezan. Varios de los estamentos inferiores de cada cuerpo disienten, a viva voz o en privado, de las argumentaciones para cambiar un esquema que ha demostrado funcionar bien.

En este orden está la idea de sacar del ámbito del jurado popular a las causas por abuso sexual. El texto en debate alude a que se produciría una revictimización de las personas, sobre todo menores, al declarar ante un cuerpo de 12 ciudadanos. La respuesta que suelen dar defensores oficiales y fiscales que no fueron designados “a dedo” por García es que la víctima también debe declarar ante un juez técnico, llegado el caso, y que a los menores no se los somete a ese trance. Para eso se recurre a la Cámara Gesell.

El segundo elemento de convicción en la decisión de planchar la iniciativa de reforma es que los argumentos legales no tienen la solidez que aparentaban. A poco de abrirse la discusión, quedó expuesto a la luz que los fallos de la Corte Interamericana que se citan (“V.R.P., V.P.C. y Otros VS. Nicaragua” y «Ángulo Losada Vs. Bolivia») no tienen la interpretación que se les pretendió dar. El organismo supranacional nunca hizo una recomendación abierta a los países del sistema interamericano de que excluyan estos delitos del juicio por jurado. De lo contrario, el tema estaría en discusión en más de una docena de países y no solo en Entre Ríos.

En el fondo de la controversia está el temor de los organismos judiciales a las derivaciones del éxito del sistema de juicios por jurados. Este sistema se copió, en gran medida, del que se aplica en los Estados Unidos. Si se sigue con esta tesitura, podrían incorporarse otros puntales del esquema norteamericano. El que más afectaría a la familia judicial es que en 49 de los 50 estados de la Unión los fiscales se eligen por voto popular directo.

En la Provincia rige un esquema copiado del sistema continental europeo: el Consejo de la Magistratura. Nacido para evitar la discrecionalidad del Gobernador a la hora de proponer jueces, fiscales y defensores, terminó por favorecer la arbitrariedad de dos funcionarios que tienen cargo a perpetuidad y que no fueron votados por nadie. Se trata del Procurador General y del Defensor, quienes al día de hoy tienen nombrados “a dedo” a más del 70% de los cargos de fiscalía y defensoría.