María Grande al Día

El mandatario provincial, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Gustavo Hein; se reunió con el representante de las empresas este martes en la Casa Gris. La Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina forma parte de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS). Contiene alrededor de 30 empresas que trabajan en esta temática.

Carotta señaló que el encuentro se concretó a fin de «formalizar algunas acciones que ya veníamos coordinando. Uno de ellos tiene que ver con la realización en esta provincia de la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad». Sostuvo que se trata de un punto de partida «de una serie de acciones y proyectos, en los que encontramos eco desde el gobierno provincial. Para el sector empresarial es muy importante la articulación con la academia y la sociedad civil, pero claramente una señal afirmativa del propio gobernador y su gabinete da señales de que la discapacidad está en la agenda del gobierno. Y para nosotros eso es vital».

«Cuando uno se aleja del área metropolitana de Buenos Aires, las dificultades de empleo son diferentes y por eso es necesario abordar el tema con estrategias distintas. Más en este contexto de situación laboral complicada en lo general y que, en particular en esta provincia, tienen un predominio de empresas pymes. No obstante, hay avances significativos y confiamos en que la articulación entre el gobierno y el sector empresarial es lo que puede promover el empleo. Habrá que buscar los mecanismos para que eso ocurra», subrayó el ejecutivo.

Por su parte, el titular del Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (IproDi), Diego Vélez, quién también estuvo presente en el encuentro, recordó que el gobierno provincial se encuentra trabajando en la reglamentación de la ley 9.891, sobre esta temática, sancionada en 2008. Se espera que la tarea esté finalizada al momento del evento. «Venimos trabajando además entre los ministerios de Gobierno y Trabajo y Desarrollo Humano para saber concretamente cuántas personas con discapacidad hay trabajando en el Estado actualmente», indicó el funcionario, remarcando que el porcentaje laboral exigido por la normativa es del 4 por ciento sobre el total de la masa salarial.