María Grande al Día

“Las medidas anunciadas, que reducirán los plazos de pago de las importaciones de alimentos al mismo tiempo que eliminarán el pago de percepciones de ganancias e IVA a las importaciones, son sumamente discriminatorias con la industria nacional”, criticaron las entidades porcinas.

“Deberá competir en desigualdad de condiciones, ya que se verá obligada a asumir costos de importación para la producción, de los cuales los importadores de productos terminados se encontrarán eximidos”, ampliaron según informa Infocampo.

Asimismo, Caicha y la Federación Porcina dijeron que la decisión informada por el Ministerio de Economía “desconoce la realidad de nuestro sector, como también de la evolución de precios de nuestros productos en góndola”.

Como ejemplo, citaron que, desde principios de año, el precio del cerdo en pie ha caído más del 35%, pasando de $ 1.155 a $ 744, presionando así a la baja los precios de los productos porcinos que compran los consumidores argentinos.

“Quizás esa tendencia no se ve reflejada en algunas grandes cadenas, ya que las promociones terminan ocultando los precios efectivos”, interpretaron.

Asimismo, mencionaron que, de diciembre a la fecha, los precios del chorizo fresco, del jamón cocido, la paleta -fiambre- y el salame, relevados por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, aumentaron 29, 32, 34 y 33% respectivamente; menos de la mitad de la inflación acumulada medida por el IPC Nacional para ese mismo período.

“Claramente la información que se le ha hecho llegar al Ministerio respecto a la evolución de precios en nuestro sector no es para nada precisa”, continuaron.

En este contexto, las entidades encendieron una alerta realmente importante: deslizaron que una apertura indiscriminada de importaciones podría traer problemas sanitarios.

“Para peor, la medida no pareciera contemplar cuestiones sanitarias, como ser el uso en terceros países de aditivos alimenticios, como la Ractopamina, prohibidos para la alimentación de porcinos en Argentina”, afirmaron.

Por todos estos motivos, Caicha y la Federación Porcina solicitaron al Gobierno que “revea su decisión para evitar así un daño innecesario a nuestros productores e industrias”.

“El flagelo de la inflación es un problema macroeconómico que nosotros no generamos ni fomentamos. Lo sufrimos junto a todos los argentinos. Estamos a disposición de las autoridades para colaborar en la construcción colectiva de políticas públicas sustentables para ordenar la economía a la mayor brevedad posible”, finalizaron.