María Grande al Día

En diálogo con Radio Diputados, Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, brindó precisiones sobre el contenido del proyecto de Ley de Transparencia y Ética Pública presentado por el Poder Ejecutivo. Además, se refirió a la iniciativa que busca eliminar los gastos reservados.
“Como lo dijo el gobernador Rogelio Frigerio en su mensaje a la Legislatura y como lo ratificó días pasados, su gestión apunta a profundizar la transparencia y a darle mayor luz a todo lo que tenga que ver con el manejo de los dineros públicos”, sostuvo el funcionario.
En gran parte, las iniciativas referidas a la transparencia representan la puesta en vigencia de disposiciones contempladas en la Constitución de Entre Ríos de 2008. Al respecto, Maneiro dijo: “La realidad de nuestra democracia necesita que se tomen en cuenta no sólo los reclamos de los ciudadanos, sino incluso cumplimentar pautas constitucionales que desde 2008 están en vigencia y hasta el día de hoy lamentablemente no se pusieron en funcionamiento”.
Uno de los puntos centrales del proyecto de Transparencia y Ética Pública es la obligatoriedad de presentaciones de declaraciones juradas patrimoniales por parte de las autoridades, las cuales deberán ser públicas: “Actualmente existe una obligación de los funcionarios provinciales y locales de presentar una declaración jurada, pero va en sobre cerrado y lacrado y queda reservado en una oficina, salvo que por orden judicial se ordene abrirlo en base a algún tipo de denuncia o investigación de la persona involucrada”, comentó.
En ese sentido, acerca del carácter público que tendrán esas declaraciones si se aprueba la ley, indicó: “No tiene que ver con poner en sospecha a nadie, sino con exigir que quienes tienen el manejo de los dineros públicos tengan que poner bajo la lupa de la ciudadanía cuál es su situación patrimonial al inicio de la gestión y al finalizar. Es parte del control republicano y democrático necesario”.
A su vez, informó que el proyecto establece claramente que una persona que ha recibido condena penal firme, no podrá ocupar un cargo público, ni tampoco ser candidato. Establece una prohibición por al menos diez años desde que la condena ha quedado firme.
Otro de los puntos que incluye la iniciativa es que los funcionarios que sean designados en otra función, como por ejemplo un intendente que pasa a ocupar un cargo en el gobierno nacional, deban renunciar en lugar de tomar licencia.
Por otro lado, Julián Maneiro se refirió al proyecto de derogación de la ley que establece la prerrogativa de gastos reservados para el titular del Poder Ejecutivo: “Es una partida presupuestaria de montos importantes que hasta la gestión anterior el gobernador disponía sin ningún tipo de contralor. Esas cuestiones reservadas, a partir de ahora no van a existir más y esas partidas se van a destinar a subsidios institucionales y a ayuda a las personas con necesidades”.

(Fuente: Cámara de Diputados)