María Grande al Día

Diputados y senadores del justicialismo entrerriano sostienen que la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo vulnera claramente la división de poderes consagrada en el sistema republicano, y constituye además una carta en blanco para seguir aplicando políticas que afectan a toda la población. Tanto el DNU como la «Ley Ómnibus» violan las leyes y la Constitución Nacional.

El actual oficialismo y sus aliados legislativos estuvieron años hablando de la cuestión republicana y hoy pretenden darle facultades extraordinarias al presidente para seguir avanzando en el ajuste y en la venta del patrimonio nacional.

Si bien el gobierno nacional retiró el “capítulo fiscal” para intentar que la ley se apruebe, está claro que avanzó aún más en el disciplinamiento fiscal a las provincias, lo que constituye un castigo a la población, en un contexto de aprietes y presiones extorsivas a los representantes de esas jurisdicciones.

Está claro también que la sanción de esta norma representa un avance en el desguace del Estado que aumentará la presencia de capitales globales interesados en la explotación de los recursos naturales y el negocio financiero, muy lejos de la inversión productiva que genera fuentes de trabajo.

La palabra del presidente Javier Milei está totalmente devaluada. Aseguró que el ajuste recaería sobre “la casta” pero en realidad castiga al pueblo argentino. Lo mismo sucedió con otras promesas como las de no aumentar impuestos o no subir las retenciones a la producción.

La norma que se pretende aprobar es una herramienta para profundizar aún más el proceso de empobrecimiento de los sectores populares y trabajadores en favor de los grupos económicos concentrados y de sectores de privilegio, por lo que resulta una obligación oponerse a su sanción.

No votar esta ley es la forma de resistir este embate neoliberal y empobrecedor, y también de defender el rol de las instituciones de la democracia a través del resguardo de las facultades del Poder Legislativo.