María Grande al Día

El bloque Más Para Entre Ríos impulsa una norma que promueva condiciones de competencia justa, prohibiendo los abusos de posición dominante en el mercado; y que fortalezca el tejido productivo regional, garantizando relaciones igualitarias entre los productores locales, las Medianas y Pequeñas Empresas (MIPyMEs) y los grandes establecimientos comerciales. De este modo, también se garantizará que exista una mayor oferta de productos a disposición de las y los consumidores en las grandes cadenas de supermercados y se defenderá la generación de empleo local.
La iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados busca remediar el impacto perjudicial que tiene la derogación de “Ley de góndolas” nacional impulsada a través del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, y que es parte de las políticas promovidas por el actual gobierno nacional para favorecer aún más a las a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, perjudicando a las y los productores regionales.
La norma establece condiciones comerciales justas y equitativas en el trato entre los productores y las MIPyMEs locales con los supermercados e hipermercados; además de sensibilizar a los sobre las ventajas económicas del consumo de productos elaborados en Entre Ríos.
De esta forma las cadenas de supermercados, hipermercados y negocios de igual rubro en la provincia deberán disponer los productos locales “claramente identificados en el lugar de su exhibición, en un espacio visible” manteniendo un porcentaje ecuánime entre lo expuesto por diferentes proveedores, y quedando prohibido que un mismo grupo empresario supere el 40% del espacio disponible de exhibición.
Esta regulación regirá para todo espacio físico, mueble y estantería, en los que se ofrecen productos de similares características, incluidas las puntas de góndola; y también para las locaciones virtuales como páginas web, aplicaciones móviles y tiendas de comercio electrónico o similar.
Además los grandes comercios deberán mantener condiciones de no discriminación y equidad con las empresas proveedoras de los productos alcanzadas por esta ley, respecto los proveedores regulares que no están comprendidos en la norma.
En contra del postulado del “sálvese quien pueda” en el marco del feroz ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, las y los legisladores justicialistas sostienen que la propiedad privada debe tener una función social y estar al servicio del desarrollo equitativo de los ciudadanos y de la provincia, tal como lo señalan la Constitución Nacional y la de Entre Ríos.
Igualmente destacan que la protección de las MIPyMEs, productores primarios y cooperativas que tengan su proceso productivo mayoritariamente en el territorio entrerriano contribuye a una mejor distribución del ingreso y a generar mayores oportunidades laborales.
Será autoridad de aplicación de la ley el Ministerio de Desarrollo Económico y luego de su sanción, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo no mayor a 90 días para reglamentarla.