María Grande al Día

El decreto 268 de la Cámara de Diputados fue solo el principio. Con fecha 22 de diciembre, a través de la norma se anularon los nombramientos de Joaquín Bahl, hijo del ex intendente; de Lía Solís, designada en pleno mandato como concejala en Concordia; y de los ex funcionarios Diego Lascurain, Juan Manuel Vidal y Darío Acevedo, también concordienses, todos del espacio político del ex presidente del cuerpo, Ángel Giano.

La norma también anuló las recategorizaciones irregulares de tres empleadas jerárquicas de la cámara: Victoria Demichelis, hija del ex diputado peronista ya fallecido Juan Demichelis; Carla Saboldelli, hija del ex secretario de cámara de Giano Carlos Saboldelli; y Ana Cornejo, hija del director de Ceremonial y ex secretario privado de Sergio Urribarri, Sergio Cornejo.

El silencio de los días siguientes, según se pudo determinar, obedece a que se estuvo trabajando en tres decretos que están en etapa final de elaboración y engloban varios trámites.

Uno daría de baja nombramientos y otro anularía los pases de personal de otras áreas del Estado. Se habla de un mínimo de 60 casos. Un tercer decreto daría marcha atrás con las recategorizaciones.

En este último punto, por ejemplo, se detectó que se recategorizó en el último año a personas designadas de forma irregular a la que se les otorgó licencia por estar ocupando otro cargo, que nunca se presentaron a trabajar y, aún así, obtuvieron una mejor categoría.

En una reunión que mantuvo este sábado un sector del radicalismo se conversó sobre la ratificación del apoyo a la continuidad de la revisión en Diputados y a la que se comenzará en el Senado. En la foto de los presentes pueden verse a dos figuras clave en estas acciones: la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la UCR Fuad Sosa, que conduce la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler).

En el Senado aún no está definido el mecanismo que se implementará para las revisiones, pero un primer análisis arroja irregularidades en más de 100 nombramientos y transferencias de cargos del último año. En principio, según trascendió, todo se dará de baja y después habrá alguna instancia de revisión en determinados casos.

La mecánica tendrá su correlato en el Poder Ejecutivo, con revisiones similares en los distintos ministerios y en los organismos de la administración central. Y se agrega la novedad de que se hará lo propio en Iafas, Sidecreer, ATER, Enersa y demás organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades del Estado donde también aparecen nombramientos y movimientos de personal a último momento.

En la Cámara de Diputados, además, se aguarda el ingreso de un proyecto de ley que apunta a prohibir las designaciones de este tipo en los últimos 12 meses de gestión que, de aprobarse, tendría vigencia a partir del período en curso.