María Grande al Día

En la oportunidad, el fiscal entrerriano expuso sobre La situación actual del sistema de distribución de gas natural en las provincias de la novena región Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco y Entre Ríos. Además, habló sobre el establecimiento de un marco regulatorio y de una autoridad de aplicación para las cuestiones ambientales de la hidrovía Paraná- Paraguay.

Para ambas cuestiones, planteó una nueva línea de acción: «La propuesta es que las provincias que integramos la novena región conformemos una asociación o consorcio para que el Estado nacional, a través del Enargas, nos reconozca como distribuidores de gas en las provincias y seamos los que asumamos el control de la distribución del gas en la novena región”, remató en el primer tramo del discurso.

Puntualmente, sobre la cuestión gasífera, Rodríguez Signes explicó que “el problema es que a más de 30 años de la sanción de la Ley 24076 las provincias que integran la novena región, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, no cuentan con el suministro de gas o las prestadoras del servicio público de gas lo han hecho de forma deficitaria, caso de Entre Ríos y una pequeña parte de Corrientes. En las demás provincias de la novena región prácticamente no hay conexiones”, detalló.

En ese marco, precisó que “en nuestra provincia se invirtieron 600 millones de dólares a lo largo del tiempo para conectar a 200.000 usuarios y la distribuidora sólo conectó 100.000 usuarios. Es decir, no se cumplen los objetivos de la ley. En consecuencia, la provincia dictó el decreto Nº 3912, en fecha de noviembre del 2022, por lo que se revoca a Gas Nea SA la autorización para usar el gasoducto, pero como la licencia la otorga Energas, por ser servicio público nacional, el tema debe ser tratado a nivel de las provincias con el Enargas”.

En la segunda parte de su presentación, Rodríguez Signes describió la situación actual vinculada a la hidrovia Paraná – Paraguay y dijo: “Estamos hoy en la ciudad de Formosa, frente al río Paraná y el Paraguay, y sucede como en Entre Ríos que no nos beneficiamos, porque todo el movimiento comercial, por lo tanto la producción agroindustrial de la zona, pasan de largo con las barcazas y se concentra la actividad en el polo oleaginoso de Rosario, donde están todas las terminales privadas, donde se hacen los negocios y las exportaciones”.

“Si bien en este momento todas las provincias involucradas tenemos representación en el Consejo Federal de la Hidrovía y por primera vez podemos hacernos escuchar y participar directamente, nos falta un impulso de garantizar la configuración de la hidrovía que nos permita explotarlas a todas”, acotó.

En este sentido, propuso “una zona, una región común de operaciones, un consorcio de explotación entre las provincias que integramos la hidrovía y ofrecemos para ello el Puerto de Ibicuy, al sur de Entre Ríos, que tiene 250 hectáreas públicas disponibles para operar, con características adecuadas y como alternativa a las terminales portuarias privadas para todas las provincias involucradas. Esta idea se está debatiendo entre los gobernadores y nos ampara el artículo 124 de la Constitución Argentina”, finalizó su exposición el funcionario entrerriano.

El evento estuvo presidido por la doctora Stella Maris Zabala, fiscal de Estado de la provincia Formosa, lugar donde se convocaron todos los fiscales del país.

El programa del encuentro abarcó, asimismo, disertaciones de representantes de la ciudad de Formosa con el doctor Gustavo Moreno, experto en todo lo que se relaciona a los temas de niñez y adolescencia.

Luego expuso el asesor tutelar de CABA, quien abordó La compraventa de niñas y niños de corta edad en situaciones que podrían llevar a la modalidad de trata.

Finalmente, el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Julio Araoz, habló en torno a la Energía nuclear en Formosa.

Cabe señalar que el Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado de la Argentina (Fpfea) es un espacio propicio para debatir cuestiones inherentes a las provincias, buscando la resolución de la problemática jurídica común a las distintas jurisdicciones. Asimismo lograr el intercambio de experiencias, información, estrategias entre las distintas fiscalías de Estado, entre otros alcances.

(Prensa Fiscalía de Estado)