María Grande al Día

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de ley que dispone prohibir la tenencia de armas a agentes policiales o del servicio penitenciario que hayan sido denunciados por violencia de género siendo su autora la diputada Ayelén Acosta (PRO), quien preside la comisión de seguridad.

En la 9 sesión del 143 periodo legislativo que tuvo lugar este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que prohíbe “la portación, tenencia y transporte del arma de dotación a los efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección General del Servicio Penitenciario en los casos en que hayan sido denunciados por violencia de género y/o violencia intrafamiliar, cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso, y con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes».

La diputada Ayelén Acosta (PRO), autora de la iniciativa, destacó que “el flagelo cotidiano de la violencia de género que sufrimos las mujeres desde hace tanto tiempo nos interpela a quienes integramos los distintos poderes del Estado a elaborar políticas públicas tendientes a enfrentarlo de una manera efectiva y coordinada”.

“Si bien en nuestra provincia ya existen regulaciones que disponen la restricción de armas reglamentarias para el personal de la Policía de Entre Ríos denunciado en casos de violencia de género y/o intrafamiliar, este proyecto posibilita que dicha regulación alcance el rango de ley y abarque también al personal penitenciario”, agregó la legisladora.

Uno de los disparadores del proyecto fue el femicidio de la joven Úrsula Bahillo, asesinada en la localidad bonaerense de Rojas por su ex novio, Ezequiel Martínez, un efectivo policial sobre el que ya pesaban 17 denuncias por violencia de género.

Esto puso en evidencia “la urgente necesidad de debatir la problemática de los delitos de violencia de género y/o violencia intrafamiliar cometidos específicamente por agentes de las fuerzas de seguridad”, sostuvo Acosta.

En otro tramo de su argumentación manifestó que, “existen diferentes antecedentes que el presente proyecto toma en consideración, como la Resolución N° 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ley 7.274 de la Provincia de Chaco, del año 2013, y el proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por las diputadas provinciales Noelia Ruiz y Johanna Panebianco”.

Por último dijo que ”las estadísticas indican que está comprobado que la presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidio y contribuye a mantener una cultura íntima de violencia, tal como lo indicaba el Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios, elaborado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la entonces Ministra Patricia Bullrich”.