Con el objetivo de clasificar, identificar y reducir la acumulación de papeles en la Dirección de Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno y Justicia, se llevó adelante la despapelización de documentación producida hace más de 10 años.
El procedimiento se realizó en el marco del Decreto 2651/18 impulsado por la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología, el cual establece criterios para el resguardo de información pública y dispone un procedimiento para la eliminación de documentos.
La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, celebró el avance de la oficina Administrativa Contable del Ministerio a su cargo y destacó: “El Estado necesariamente tiene que ir reconfigurándose y adecuándose a la exigencia en la sociedad a la cual tiene que responder. Es necesaria la despapelización así como la incorporación de tecnología que permita dar respuestas con mayor velocidad frente a los reclamos”.
Por su parte, el director general del Servicio Administrativo Contable, Guillermo Castiglioni, señaló: “La conservación documental requiere un conjunto de actuaciones para asegurar el buen estado de la información contenida en los documentos de modo que se garantice su integridad física e intelectual necesaria para su disposición. De los procesos que intervienen en la gestión documental, los plazos de vigencia determinan el tiempo en que los documentos deben conservarse para su servicio. Una vez cumplido el período asignado de guarda, es de suma importancia saber cómo proceder para su correspondiente eliminación, para afianzar la custodia del material documental que cuenta valor para su consulta”.
“Es por esto que, siguiendo estrictamente los lineamientos dispuestos por el Decreto antes mencionado, se realizó la selección del material documental que carecía de valor jurídico, histórico, social y cultural que excedía el plazo de guarda de 10 años oportunamente establecido”, agregó.
El material seleccionado fue descartado y donado a la Planta de Clasificación y Tratamiento Manuel Belgrano y a la Cooperativa Nueva Vida, de la ciudad de Paraná, luego de haber sido publicado en el Boletín Oficial, tal como estipula el decreto antes mencionado.
(Prensa Ministerio de Gobierno)
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