22/08/2021 Sociales
Con capacitaciones fortalecen la generación y planificación de políticas públicas con perspectiva de género

El Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres en lo que va del año aprobó 13 propuestas de capacitación para Ministerios, Secretarías, los poderes Legislativo y Judicial, y organismos descentralizados.

Con capacitaciones fortalecen la generación y planificación de políticas públicas con perspectiva de género

El Observatorio es el organismo de referencia para el fortalecimiento, observación y certificación de la calidad de las capacitaciones que son elevadas desde los tres poderes del Estado, contribuyendo de esta manera en la promoción de derechos humanos desde la perspectiva de género, buscando garantizar la igualdad de oportunidades y fortaleciendo los pilares de una sociedad más justa e inclusiva.

Acerca del funcionamiento del Observatorio, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi, destacó: “Desde la puesta en funcionamiento en junio del 2020 comenzamos a trabajar de manera ininterrumpida tanto en la reglamentación que establece la modalidad de trabajo, como en la elaboración de guías y sugerencias para las propuestas por parte de cada Ministerio y organismo descentralizado”.

“Hemos mantenido reuniones de trabajo virtuales con las personas designadas por cada repartición para comenzar a implementar la ley, por lo cual este proceso es positivo y podemos destacar el trabajo colaborativo, responsable y comprometido de cada una de las partes», agregó la funcionaria.

A su vez, la secretaria precisó: “Este año se aprobaron 13 propuestas de capacitación, lo cual se tradujo en 27 instancias que han dado inicio con los niveles jerárquicos más altos. Igualmente, varios de los organismos están próximos al inicio de las capacitaciones que se han postergado en muchos casos por cuestiones del contexto sanitario actual”.

Sobre el Observatorio

A partir de la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional 27.499 de capacitación en género y violencia hacia las mujeres para quienes integran los tres poderes del Estado, comenzaron a desarrollarse los encuentros de formación en diferentes organismos provinciales.

La normativa establece la capacitación obligatoria y permanente en género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, y estipula que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.

Asimismo, la Ley provincial 10.766 prevé la creación del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres, que cuenta con representantes de los tres poderes, de las universidades públicas locales y de tres organizaciones sociales legalmente conformadas.

La importancia de las capacitaciones en género

A partir de la implementación de la Ley Micaela se busca incorporar la perspectiva de género en el marco de las políticas públicas y garantizar un real acceso a derechos.

Las capacitaciones pretenden identificar las visiones y las prácticas que reproducen discriminación y violencia de género dentro de los organismos del Estado, ofrece herramientas teórico-prácticas para avanzar en su deconstrucción, y constituye un aporte fundamental a la transversalización de la perspectiva de género dentro de la administración pública.

En ese sentido, Broggi manifestó que “estas instancias de formación constituyen un instrumento fundamental, en tanto posibilitan llevar adelante la deconstrucción de los patrones culturales en que se asienta socialmente esta problemática. Y es una necesidad imperiosa promover esta deconstrucción en agentes estatales, cualquiera sea su posición jerárquica, por cuanto de esto depende tanto la prevención como la adecuada atención que pueden brindar las instituciones públicas ante situaciones de violencia de género”.

Finalmente, la funcionaria reafirmó: “La incorporación de la perspectiva de género y el establecimiento de la cultura de la no discriminación y de la no violencia en las prácticas laborales e institucionales en ámbito de la administración pública provincial, constituyen un desafío en sí mismo y en ese camino nos encontramos trabajando».

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