María Grande al Día

El viernes 18, con un grupo reducido, se comenzó con la capacitación de la Ley °27499, conocida como Ley Micaela, que establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La actividad, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, se lleva a cabo en grupos de 10 trabajadores.
La ley Micaela fue sancionada por unanimidad por el Senado el 19 de diciembre de 2018. La iniciativa había sido aprobada el día anterior en Diputados con 171 votos a favor y uno en contra. La ley establece capacitación obligatoria de todos los empleados públicos. En medio de una semana marcada por las denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de militancia, el oficialismo debió ceder a la presión social incorporar el proyecto en la orden del día de la sesión extraordinaria.
La ley estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.
Qué implica la ley
1. Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
2. La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
3. El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres.
4. Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
5. Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
El proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales. La noticia del crimen de Micaela, luego de siete días de intensa búsqueda, en abril de 2017, generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años.