María Grande al Día

El presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lucio Nicolás Lara; y los vocales del TCER, Cres. María de los Ángeles Moia y José Luis Gea Sánchez; recibieron al titular del Tribunal de Cuentas de Santa Fé, Cr. Oscar Marcos Biagioni; para mantener un encuentro en la sede del principal órgano de control externo de la administración pública entrerriana.

Durante la reunión se resolvió crear una Comisión interdisciplinaria integrada por profesionales en ciencias económicas y jurídicas, coincidiendo las autoridades de ambos Tribunales en la importancia de comenzar a trabajar en la actualización del andamiaje normativo, con el objetivo de actualizar, mejorar y ampliar el control externo de la Comisión Administradora del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial “Uranga- Silvestre Begnis”.

Se busca establecer criterios y normativa en común que posibilite de manera conjunta el contralor externo del ente interprovincial, de conformidad a lo dispuesto por las Leyes Nº 7.958 y Nº 12.089, de Entre Ríos y Santa Fe, respectivamente.

Para trabajar en esto, cada Tribunal de Cuentas designará dos representantes del organismo, quienes conformarán la Comisión interdisciplinaria.

Además, estuvieron presentes durante el encuentro; el secretario Letrado Adjunto del TCER, Dr. Federico Tomas; la asesora Jurídica del TCER, Dra. Clara Basa; la jefa del Área Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y Empresas Estado Provincial del TCER; Cra. Marta Aurora Villarroel; y el contador Fiscal del TC Santa Fe, Cr. Leonardo Pancera.

Funciones del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos es un órgano de control externo con autonomía funcional.

Como principal órgano de control externo de la administración pública, es el órgano fiscalizador que aprueba o desaprueba la percepción y/o inversión de los fondos públicos a cargo de los funcionarios y administradores de la Provincia, de las personas o entidades que manejen fondos públicos y de los municipios.

Además, el Tribunal de Cuentas ejerce la auditoría de la administración pública, entes autárquicos, empresas del Estado y todo otro organismo estatal que administre, gestione, erogue e invierta recursos públicos. Todo esto con ajuste a los principios de eficiencia y eficacia.