María Grande al Día

El presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Dr. Diego Lucio Nicolás Lara; y la vocal, Cra. María de los Ángeles Moia; mantuvieron un encuentro virtual con el Síndico General de la Nación, Cr. Carlos Antonio Montero; y con las autoridades de más de 50 organismos y entidades de control de todo el país que integran la Red Federal de Control Público.

Durante el encuentro se evaluó el estado de situación particular por la que atraviesan los órganos de control de cada provincia así como las auditorías planificadas para este año. El objetivo es llevar adelante un trabajo articulado entre la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Red Federal de Control Público que posibilite controlar adecuadamente los recursos del Estado en el marco de la pandemia COVID-19.

Además, se habló de la realización de nuevas capacitaciones por parte de la SIGEN y se abordaron los beneficios de la utilización de los medios digitales para el envío de documentación.

Red Federal de Control Público

La Red Federal de Control Público es una asociación participativa cuya finalidad es controlar, en todo el país, el desempeño de los programas sociales implementados por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Red integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría nacional, provincial y municipal. Además, garantiza la cobertura del control por medio de relevamientos y acciones directas en los lugares donde se implementan las políticas sociales.

Está conformada por la Sindicatura General de la Nación, que ejerce la presidencia, por órganos de control interno y externo de la totalidad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por diecinueve organismos de control municipales. Además, por los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Social; de Educación; de Salud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Ambiente y Desarrollo Sostenible; del Interior; de Desarrollo Territorial y Hábitat; y por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Sus antecedentes se remontan al 28 de febrero de 2002 cuando, por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, se suscribió un convenio entre los órganos gubernamentales de control. El objetivo de entonces fue asistir al Estado nacional en el desarrollo de las medidas implementadas para dar respuesta a la emergencia social. Convirtiéndose en un instrumento de integración federal y de ordenamiento territorial que contribuye al ejercicio del control de la gestión de los programas de inclusión social implementados y/o financiados por el Gobierno nacional.

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos fue uno de los primeros órganos de control en adherir a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, cuando sólo estaba conformada por 10 de los 58 organismos que hoy controlan todos los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública en cada provincia.