María Grande al Día

Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la “Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales”, cuya competencia será la investigación y acción preventiva en esta materia en todo el territorio provincial.

Impulsada por Julián Maneiro (UCR-Cambiemos), dispone una estructura organizativa, de acuerdo a las disposiciones que dicte el Procurador General, en el marco de las facultades conferidas por la Ley Nº10.407.

¿Qué propone el proyecto?

• Contará con un Fiscal por cada Unidad Fiscal y estará bajo la jerarquía del Fiscal Coordinador de su jurisdicción.
• Los Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las previsiones legales, instrucciones del Procurador General y distribución de tareas que establezca.
• Intervendrá, a través de los Delegados Judiciales y en coordinación con la Policía de Entre Ríos, y a través de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, en todas las actuaciones preventivas y punitivas de delitos que se cometan o intenten en áreas rurales e islas de jurisdicción provincial.
• También lo hará en coordinación con la Dirección General de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos, que será competente como titular de la acción penal, en todo lo normado por la Ley Nº 4.841 de Caza, la Ley Nº 4.892 de Pesca y la Ley Nº 10.479 de Áreas Naturales Protegidas”.

Antecedentes y justificaciones

Otras jurisdicciones provinciales han llevado adelante reformas que crean figuras similares con funciones y competencias parecidas, por lo que existen antecedentes. El propio Maneiro explicó que “Los acontecimientos que se vienen sucediendo dan cuenta de un notable incremento en los delitos rurales. Hay que generar una respuesta institucional y adaptar el entramado organizacional y judicial provincial para lograr más eficacia, prevenir y sancionar la realización de estas acciones”.

“La especificidad y el incremento del delito rural merece que se activen políticas públicas para su control y erradicación. Los productores agropecuarios, empleados rurales, prestadores de servicios y contratistas, así como quienes eligen adoptar este estilo de vida, merecen el respeto de sus derechos y garantías consagrados en la Constitución”, argumentó.

¿Entonces?

Este proyecto de ley apunta a abordar el problema de la inseguridad en el campo y el crecimiento de los delitos rurales. “Necesitamos preocupación en serio de las autoridades provinciales. El campo es uno de los principales generadores de riqueza en la provincia. Debemos darles condiciones para que puedan seguir produciendo y así sacar la provincia adelante”, indicó el legislador.