María Grande al Día

Anoche, el Honorable Concejo Deliberante de María Grande aprobó, sin las modificaciones propuestas desde la oposición, una moratoria fiscal amplia y generalizada a la que podrán acceder todos aquellos contribuyentes que se encuentren en mora por deudas tributarias ante el municipio. He mantenido siempre la misma postura con respecto a la implementación de este tipo de medidas fiscales, tanto en el ámbito nacional, provincial o municipal y fuera de cualquier color político del gobierno que la instaure. Tengo mis fundamentos al respecto y las comparto a continuación.

Generalmente, las moratorias se crean para conceder mayores plazos de pago y quita de intereses a aquellos contribuyentes que adeudan tributos, con el objetivo inmediato de aumentar la recaudación fiscal. En el caso de la moratoria municipal, le reconoce a todos, además de un mayor plazo de pago, la quita total de intereses y una quita importante del capital adeudado, incluyendo tales facilidades a sus funcionarios y familiares en situación de mora. Es, en verdad, una moratoria muy generosa y novedosa, por cierto.

Si bien, este tipo de normativas, obedecen siempre a decisiones de gobierno -que son siempre respetables- no deben analizarse las mismas de manera individual sino, más bien, en forma global y conjuntamente con las demás políticas de carácter fiscal que se lleven o pretendan llevar a cabo para lograr el fin inmediato antes mencionado y el recupero de contribuyentes morosos, más su mantenimiento a lo largo del tiempo. Por eso, entiendo que para asegurar el éxito de una moratoria, es necesario analizar -antes de su propuesta e implementación- ciertas cuestiones de oportunidad, efectividad y el alcance de su aplicación, es decir: primeramente, hay que “planificar”. Esto último es lo que tantas veces oí hablar en campaña de aquellos que hace un tiempo estaban en la oposición y que ahora tienen la responsabilidad de gobernar. Para que quede claro, me refiero a que debe saberse de antemano, por incontables experiencias previas, que una moratoria fiscal, por sí sola, no soluciona para nada el principal problema que origina su existencia, que es, nada más ni nada menos, la falta de pago de algunos contribuyentes (no todos) y sobre ciertos tributos municipales.

En este orden de ideas, la mencionada moratoria municipal se ha concebido como una solución unitaria y aislada y no así como una medida integral enmarcada en una política fiscal municipal clara y determinada, que en la actualidad no se conoce. En tal sentido, no es justo que la moratoria establezca las mismas condiciones de regularización para todos sus contribuyentes y que no establezca distinciones entre los distintos tributos incluidos. La misma debería enarbolarse como un remedio alternativo a otros métodos válidos de recupero fiscal. Su aplicación correcta debería ser de carácter restrictivo, a los fines de atender casos específicamente atendibles y determinados, donde obren argumentos justificados, fundamentalmente de carácter económico y social, que ameriten un tratamiento especial para admitir pagos diferenciados a los contribuyentes que se encuentren en una situación de desventaja. Incluso, debería ser mucho más limitada en el tiempo, para atender -por ejemplo- la dificultad de pagos originados por la actual crisis sanitaria, condonándose intereses por mora solamente a los tributos correspondientes al presente año. Queda claro que el oficialismo local no piensa lo mismo al respecto, ya que con esta nueva medida permite licuar las deudas a todos aquellos que adeuden tributos por todos los años no prescriptos (hasta cinco años atrás), premiándolos con una quita total de intereses y descontándole insólitamente hasta un 20% del capital. Para muchos de ellos será una “amnistía” o una verdadera “ganga”. Esta moratoria, lejos de diferenciar las distintas situaciones, ha incluido a todos dentro de la misma bolsa: a quienes queriendo pagar sus obligaciones, no han podido hacerlo, por razones estrictamente económicas (jubilados, desocupados, comercios en crisis, etc), quienes claramente merecen un trato diferencial; pero también lo ha hecho con quienes, pudiendo haber pagado en tiempo y forma, no lo han querido hacer, por razones estrictamente subjetivas; muchas de ellas, de carácter político. Ejemplos, de estos últimos, lamentablemente, sobran.

No se conoce del actual gobierno municipal, un programa estratégico, de carácter fiscal, que haya trazado un norte para lograr el tan necesario recupero de contribuyentes en situación de mora. Al contrario, pretenden hacerlo “al boleo”, pensando que de esta manera, lograrán, de una manera simple, el tan ansiado recupero. Lamento decirles que se equivocan rotundamente. Este gobierno ha optado por la situación más fácil, que a su vez es la más rápida y menos efectiva en el tiempo. Además, ha abandonado el arduo camino que obliga a la administración del Estado proponer y ejecutar diversas alternativas fiscales, con justicia y equidad, para el real recupero de contribuyentes, atendiendo las distintas situaciones planteadas, que tenga en cuenta el interés general y que no afecte las arcas públicas, privilegiando al contribuyente cumplidor, en un marco de solidaridad hacia los pequeños contribuyentes. Todo esto, desde luego, requiere un mayor esfuerzo de aquellos que cuentan con mayor capacidad contributiva e ingresos más elevados. Este tipo de alternativas superadoras que propongo ante el facilismo que hoy se promociona a nivel local, no es un invento marxista, como está de moda decir en estos días ante cualquier cuestionamiento recibido por ciertos sectores reacios a las críticas. Tampoco es una invención china, ni mucho menos venezolana, como neciamente repiten algunos hasta el hartazgo. Es parte de la política tributaria que se aplica en todos los sistemas tributarios del mundo capitalista actual.

Para ejemplificar la alternativa planteada con hechos concretos, puedo citar algunos ejemplos aplicados a nivel local durante la gestión anterior, que, si bien no fueron del todo suficientes, dieron sus resultados positivos, permitiendo mejorar la recaudación: 1) la aplicación de los planes de facilidades de pago que ofrece la ordenanza impositiva municipal vigente, con posibilidad de refinanciar deudas atrasadas hasta en 18 cuotas; 2) la implementación del programa municipal denominado “premio al buen contribuyente” (proyecto de mi autoría, votado por unanimidad, entre ellos, por Solari y Schamle), que actualmente sigue vigente y adeuda los sorteos de fin de año (diciembre 2019) y de junio de 2020 (al menos, no se han publicado oficialmente sus ganadores); 3) la creación de la procuraduría fiscal municipal, con el fin de recuperar tributos no percibidos, generando en todos los casos la instancia previa extrajudicial y la posterior ejecución judicial para los reticentes, con plenas condiciones de pago y 4) la decisión política de la mencionada gestión anterior de actualizar anualmente la ordenanza tributaria muy por debajo de los índices de inflación medidos por el INDEC e incluso, muy por debajo del índice general de precios de los insumos básicos para la provisión de servicios esenciales (combustibles, energía, cemento, etc.), a los fines de evitar el encarecimiento excesivo de los tributos.

Para terminar, considero que la utilización de estos tipos de instrumentos como la moratoria actual, deben ser evitables en el ámbito municipal, porque no contribuyen a implementar una conducta fiscal adecuada por parte del contribuyente. A mediano y largo plazo, se termina perdiendo más de lo poco o mucho que se pueda haber recuperado en el corto plazo. Las moratorias constituyen siempre un premio al incumplidor y una severa falta de respeto al contribuyente que cumple, en tiempo y forma, con el pago de sus obligaciones. Así, es probable que en un tiempo no muy lejano, volvamos a escuchar la frase de algunos que acostumbran decir: “no pagues ahora y espera para más adelante. Seguramente, vendrá otra moratoria”.