María Grande al Día

Frente al Proyecto de ley de emergencia que el ejecutivo enviará a la legislatura para abordar la grave situación económica de la provincia, consideramos que es un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente las medidas económicas.
El proyecto de ley declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos” con el propósito de garantizar las funciones inherentes al Estado provincial. Entendemos la situación de emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la pandemia, a la que no es ajena nuestro país ni nuestra provincia. Pero rechazamos de plano que parte de la crisis se descargue sobre los y las trabajadores y trabajadoras. La función del Estado debe ser la de protegerlos y protegerlas con acciones positivas, más aún cuando son quienes están poniendo todo su esfuerzo en atender los efectos de la pandemia. Esfuerzo que se evidencia en el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos propios.
En este sentido, creemos que los Artículos 4, 5 y 6 donde se propone la reforma provisoria de los aportes personales y previsionales, persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las trabajadores y trabajadoras en actividad y pasivos y pasivas, so pretexto de salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad. Lo hemos dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es responsabilidad de los y las trabajadores y trabajadoras, sino de las diferentes gestiones de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores y trabajadoras que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste.
Ahora bien, el Proyecto de Ley también busca recaudar entre algunos de los sectores de la economía concentrada. Esto lo manifiesta en los Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los gravámenes de las Entidades Financieras, el Comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Consideramos que estos son los sectores, entre otros, que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia.
Pero, al mismo tiempo, sostenemos lo que hemos venido diciendo en anteriores documentos públicos; el modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura. En un documento anterior, publicado el 8 de junio decíamos que frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, proponíamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios. También sugeríamos redefinir el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional. Decíamos además que era necesario un incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y que era urgente rever el esquema tributario en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalábamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto Grande que implique mejores costos energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas.
Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones porque estamos convencidos y convencidas que alguien deberá pagar la crisis mundial producida por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todos nuestros esfuerzos para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y trabajadoras y el pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de los sectores de la economía concentrada.

Firman este documento las siguientes organizaciones:

ATE (Asociación Trabajadores del Estado)
AGMER CDC (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Comisión Directiva Central))
AGMER Seccional Paraná
La Bancaria
APYME (Asociación de pequeñas y medianas empresas)
CTA de los Trabajadores
CTA Autónoma de Entre Ríos
CTA Autónoma de Paraná
Multisectorial de mujeres Entrerrianas
CCC (Corriente Clasista y Combativa)
Somos Barrios de Pie
CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)
La Poderosa
Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná
CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista)
Movimiento Ni un pibe menos por la droga
Federación Nacional Campesina de Entre Ríos.
MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)
Barrios de pie
MTL (Movimiento Territorial de la Liberación)
Sindicato de Ladrilleros
UTEP EVITA ENTRE RIOS (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular)