María Grande al Día

Si algo aprendimos de este momento tan único y especial, que marca un antes y un después en la lógica de funcionamiento de todo un mundo atravesado por la profunda crisis provocada por la pandemia de coronavirus, es que nadie se salva solo. Lo vemos ejemplificado en la decisión política de muchos Estados de distintos puntos del mundo de priorizar el derecho a la salud por encima de todos los otros. Lo vemos, también, en la decisión política de nuestro Presidente Alberto Fernández, quien continúa priorizando la salud por sobre la economía aún con las presiones que recibió, recibe y seguirá recibiendo de parte de los grandes empresarios que todavía no entienden que está en juego la vida de las personas.

Entender que somos parte de un Estado, tanto nacional como provincial activo, promotor y proteccionista nos coloca en un lugar privilegiado para debatir sobre una normativa de electrodependientes que nace como respuesta a la lucha incansable que vienen llevando adelante miles de familias de nuestro país. Porque a través de esta Ley hablamos de atender a la demanda de personas para quienes la electricidad es una necesidad vital y para las cuales no acceder al servicio significaría perder la vida.

Los electrodependientes necesitan del suministro eléctrico para poder vivir. Están conectados a máquinas de electromedicinas (como un respirador, un concentrado de oxígeno, bombas de alimentación) y necesitan el suministro eléctrico continuo. Ante posibles cortes de luz, deben contar con grupos electrógenos o fuentes alternativas de electricidad. En nuestro país rige la Ley Nacional de Electrodependientes, que otorga beneficios y crea un registro. Junto a Jujuy y Santiago del Estero, Entre Ríos es una de las tres provincias que aún no cuenta con un régimen de adhesión ni una ley propia. Por eso es una deuda que tenemos como provincia.

Si bien hoy en Entre Ríos está vigente una resolución del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) que establece una tarifa diferencial para los electrodependientes, aún con esta reducción las boletas que llegan a las familias afectadas muchas veces son cifras exorbitantes debido al alto consumo, que es inevitable. Además se suma el problema latente de los eventuales cortes o interrupciones de energía, que en estos casos puede atentar contra la vida de las personas electroconectadas. Por ende, sin la adhesión a la normativa nacional o una ley provincial que establezca nuestro propio régimen en orden a las disposiciones nacionales que promueva el amparo de estas familias, continuaríamos desatendiendo a este sector vulnerable. Junto a mis compañeros de autoría, buscamos que la asistencia total comience a ser una realidad en nuestra provincia para que los entrerrianos que tienen que convivir con este tipo de patología puedan gozar de una atención completa e integral, que refleje la presencia de un Estado presente y decidido a salvar vidas. La normativa que impulsamos implica tomar una postura ante el debate siempre presente en cuanto al rol del Estado, un agente indispensable para establecer mecanismos de regulación.

Hablamos de la vida de las personas. Por eso, en estas cuestiones, no existen las medias tintas y la sentencia es clara: o la política energética sigue rigiéndose de acuerdo a los requerimientos de los empresarios del sector energético o está puesta al servicio de las necesidades de toda la población, especialmente de aquellos que imperiosamente necesitan de un cuadro tarifario especial gratuito, como dice nuestra Ley, sin topes, constante, ininterrumpido y estable.