María Grande al Día

Se realizará este viernes, en el salón del Consejo General de Educación, una Jornada de Debate sobre la ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos, que es organizada por los titulares de las comisiones legislativas que tienen injerencia en el proyecto, el diputado Diego Lara en la Cámara baja; y el senador Lucas Larrarte en la alta.

El Gobernador de la Provincia Gustavo Bordet participará de la apertura de la Jornada. Entre los panelistas, se destaca la presencia de la Ministra de Gobierno Dra. Rosario Romero, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Emilio Castrillón, El Procurador General de la Provincia Dr. Jorge Amilcar Garcia, por el Colegio de Abogados de Entre Ríos el Dr. Julio Federik, entre otros. Tambien expondrá el Dr. José Virgilio Valerio, quien es Ministro coordinador de la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, la cual es una de las provincias que cuenta con experiencia de haber sido una de las primeras que incorporó el Juicio por jurados en nuestro país.

El diputado Lara remarcó en declaraciones periodísticas que durante mucho tiempo hubo “una tradición en la Argentina en la que el Juicio Por Jurados eras una suerte de negación, en los portadores jurídicos, en la Justicia y hasta en el mundo académico. La currícula no lo contemplaban en las universidades, mucho menos en los colegios o en la escuela”. En ese sentido indicó: “Debemos entender a la justicia como una verdadera justicia republicana, que cuente con la participación del pueblo, porque de esta manera ayuda al fortalecimiento republicano y sobre todo democrático”.

El legislador sostuvo que la implementación del mecanismo es parte de la evolución judicial y apuntó: “Claro está que los señores jueces son necesarios, y son los que en principio deben estar protegidos por la división republicana de la decisión. Con este sistema se materializa más la república, sin concentración de poder, porque hay veredicto para el pueblo a través de sus representantes, y hay sentencia a través de los magistrados como funcionarios del Poder Judicial”.

Por eso, dijo Lara, el Juicio Por Jurados es “en verdad la única forma posible de la participación del pueblo en la justicia, es la voz del pueblo en la administración de justicia penal”.

Acerca de los cuestionamientos que se le formulan, el legislador recordó que la Corte Suprema de Justicia “fallado definitivamente diciendo que el Juicio por Jurados es la forma constitucional de juzgamiento en la República Argentina, no solo en el fuero Federal sino también en todas las jurisdicciones locales. Por eso la Corte recientemente en el fallo Canales, del 2 de mayo, reconoció expresamente que gozan de plena validez constitucional los sistemas de juicio por jurados en las provincias”.

También señaló que desde el Estado provincial se sostiene que el juicio por jurados debe ser una verdadera política pública. “Por eso impulsamos esta iniciativa que envió el gobernador Gustavo Bordet, y realizamos estas jornadas de debate desde la Legislatura como ámbito central de discusión de esta ley, pero con una mirada plural y democrática, donde podemos nutrirnos de aquellos portadores del sistema, de aquellas voces que podrán aportarnos valiosos conceptos”.

Y agregó que la Legislatura y la ciudadanía tienen por delante “un gran desafío” ya que se deberá poner un marcha “un verdadero cambio cultural, porque las decisiones más trascendentes en materia de juzgamiento penal en la provincia serán producto de la participación del pueblo entrerriano”.

En ese sentido Lara indicó que el proyecto que remitió el gobernador Gustavo Bordet “viene a colocar al proceso penal entrerriano en el cierre del círculo programado por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Queda para el futuro la ampliación para más delitos, una vez que se asiente esta práctica”. Neuquén, una de las primeras provincias en implementar el mecanismo, debate ahora la ampliación de los delitos que serán jugados bajo este sistema.

Respaldo

«Este proyecto que remitió el gobernador Bordet, tal como fue diseñado, funciona en varias provincias del país, resultando la ley más parecida la de Mendoza. Es por eso que tiene la ventaja de tener 7 leyes antecesoras (Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Neuquén, San Juan, Mendoza y Río Negro). Neuquén fue pionera, seguida luego por Buenos Aires, entre las que han experimentado en la práctica experiencia y error, habiendo tomado lo mejor de ellas y trabajado sobre las cuestiones a corregir en la práctica. Por lo tanto, es un proyecto que representa el último avance en materia de Derecho Público Provincial», explicó el legislador.

Asimismo Lara señaó que el proyecto de ley, al igual que el resto de las leyes de Juiico por Jurados antes mencionadas, se encuentran «respaldadas jurídicamente por distintos fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos».
Y apuntó: «El tribunal ha dicho en el fallo «CANALES» (2/05/2019): «…el juicio por jurados no debe ser entendido solo como un derecho individual del imputado, y por ende renunciable, sino que debe ser concebido como un modelo institucional de administración de justicia que expresa la participación del pueblo en la administración de justicia penal. Dicho de otro modo; en nuestro sistema constitucional, el juicio por jurados supone no solo -o no tanto- el derecho de una persona a ser juzgada por sus pares sino -fundamentalmente- el derecho del pueblo a juzgar…» (Considerando 9º del voto del Dr. Rosatti).

En cuanto a la que plantea el proyecto, el legislador indicó: «Se ajusta al modelo clásico: jurado de 12 miembros titulares y 4 suplentes, veredicto unámime para condenar y para absolver, audiencia de voar dire (selección del jurado) para asegurar la imparcialidad con recusaciones sin causa (hasta 4 por cada parte) y con causa, igualdad de género en la constitución del jurado, un nuevo juicio en caso de que no se arribe a la unanimidad y un veredicto final y definitivo, salvo recurso para el condenado (doble conforme) y para el fiscal en determinados supuestos (por ejemplo la acreditación fehaciente de soborno del jurado, coacciones o amenazas)».