María Grande al Día

Entre Ríos fue la provincia artífice del federalismo bajo la conducción de Francisco “Pancho” Ramírez quien luego de vencer a las tropas porteñas en la Cañada de Cepeda obligó a la firma del primer pacto preexistente a que hace referencia el art. 121 de la Constitución Nacional, el Tratado del Pilar.-

La Legislatura Provincial haciendo honor a las materias reservadas y no delegadas a la Nación, ha sancionado la ley de Responsabilidad del Estado más moderna en el concierto de las provincias argentinas, inclusive superadora de la vigente a nivel nacional.-

El Bloque Cambiemos se ha opuesto a la iniciativa, pareciendo demostrar una suerte de coherencia ideológica con su concepción liberal de la vida política, donde debe primar una “justicia conmutativa” aplicable en las relaciones entre particulares pero que resulta extraña y ajena a la “justicia distributiva” por la que debe bregar el Estado para cumplir con sus fines en orden a la preservación de la comunidad política.-

Esto desde Aristóteles ya había sido delineado, siendo la Corte Suprema en los casos “Barreto” y “Ameriflight…” -por citar algunos-, la que con sustento en la Constitución Nacional considera materia de derecho público provincial y no de derecho civil la responsabilidad del estado.-

Si la oposición con un criterio rivadaviano pretende desconocer la vigencia del art. 1°  de la CN por la cual la Nación adopta la forma de gobierno “federal”, debería ajustarse al art. 30 de nuestra carta magna presentando un proyecto de ley con sus legisladores nacionales que declare la necesidad de la reforma, ese debate por la vuelta al unitarismo en nuestro país hasta ahora no se ha dado, quizás sea tiempo de blanquear las intenciones para que los ciudadanos sepan en que lugar se para cada uno.-

En la misma sesión donde “Cambiemos” desafió al federalismo, al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso Nacional -salvo en el caso del diputado Rotman-, el resto del bloque votó en contra la provincialización de Salto Grande enarbolando la nacionalización de los recursos naturales, cuestión que el art. 124 de la CN ha zanjado en la reforma del ´94 reconociéndolos como dominio originario de las provincias, también por este motivo deberían acudir al art. 30 para reformar la Constitución con la lógica contradicción de pretender detraerle a los entrerrianos ese derecho, es decir, planteando una reforma constitucional en contra de los intereses del pueblo que los voto.-

El Estado Liberal de Derecho al que pretende retrotraernos la oposición responde a otra época, en el mundo fue sucedido por el Estado Social de Derecho y luego por el actual Estado Constitucional y Democrático de Derecho donde basados en la plena y efectiva vigencia de los derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales, más los de incidencia colectiva, se presenta al Estado con deberes de acción positiva en resguardo de la dignidad humana para lo cual se necesitan políticas públicas inclusivas que aseguren un piso mínimo a los argentinos inmersos en una desigualdad estructural sin precedentes.-

Argentina necesita un Estado presente para cumplir con sus fines y no un Estado que en vez de basar su programa de gobierno en la Constitución Nacional, sea conducido por intereses foráneos y respecto de la responsabilidad por daños ocasionados por los concesionarios, otra vez estatizar su responsabilidad en vez de bregar por un Estado que cumpla con sus deberes de control, a este respecto, la Corte Suprema claramente ha establecido cual es la responsabilidad que puede exigirse al Estado y esa es la incluída en la norma que se sancionó.-

El respeto al federalismo, la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia, la interpretación de la Corte Suprema y los intereses de los entrerrianos es lo que animó esta norma, la más moderna de la Argentina.-

Dr Diego Lucio Nicolas Lara

Diputado Provincial

Presidente de las Comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la

Honorable Camara de Diputados de Entre Ríos.