María Grande al Día

Este año celebramos el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918 evocando lo que este hito significó para la historia nacional y americana ya que su impacto en países de la región fue indiscutible. Sin embargo, al cumplirse un siglo exacto de esa conquista social, la Universidad Pública Argentina soporta el embate de un Gobierno Nacional que con el argumento engañoso de “modernizarla” y hacerla más “eficiente” pretende desfinanciarla y reducirla a lo que era hace 100 años, un reducto para las clases privilegiadas, un dispositivo para reproducir las desigualdades sociales y perpetuar las históricas relaciones de poder.

Lejos de resolver las problemáticas y falencias que en materia educativa enfrentamos como nación, las soluciones de la alianza Cambiemos tienden a profundizarlas. Al igual que sucede en el caso del movimiento obrero con la Reforma Laboral, y con los jubilados con la Reforma Previsional, la estrategia se repite: confiscación de derechos, empobrecimiento y exclusión social de los sectores medios y la clase trabajadora.

Mientras estudiar es cada vez más caro y graduarse cada vez más difícil, el Presidente Macri declara con acciones muy específicas que para él la Universidad es un gasto y que los estudiantes y la sociedad en general deben colaborar, aceptando con mansedumbre, un ajuste escandaloso que produce dos consecuencias: el vaciamiento de hecho de nuestras universidades y la extinción de una tradición que por 100 años -y sobre todo a partir de la década de 1940- permitió el ascenso social de los hijos de los trabajadores tanto como el nacimiento y consolidación de la clase media, esa gema que distinguió a la República Argentina entre las naciones latinoamericanas.

La situación de paro que hace 3 semanas afecta a 57 universidades es producto del recorte aplicado por el Gobierno Nacional al sector, el cual perjudica el salario de los docentes, jaqueado por la inflación; pone en riesgo la existencia de los comedores estudiantiles; frena la apertura de nuevas carreras y significa otro golpe para los programas de becas. El avance sobre la Universidad Pública es la punta del iceberg. La élite científica del país, esa que regresó a la Argentina a partir del año 2003, denuncia que el Conicet y otros organismos nacionales consagrados a la investigación e innovación tecnológica están al borde de la parálisis también por falta de recursos.

Como peronistas debemos hacer honor a la historia de nuestro movimiento y no permanecer indiferentes ante este avance conservador y destructivo de la Enseñanza Pública. Reivindiquemos lo realizado desde 2003 hasta 2015 en materia educativa cuando la inversión en educación alcanzó al 6,5% del PBI, un record histórico; al igual que las becas universitarias que de menos 3.000 en 2003 pasaron a ser más de 47.000 en 2015.  Digamos también que la Reforma Universitaria del 18 no estableció de hecho la gratuidad de los estudios superiores sino que recién por Decreto Nº 29.337 de Noviembre de 1949, el entonces Presidente Juan Domingo Perón estableció la “Supresión de Aranceles Universitarios” garantizando su efectiva gratuidad; también el “Ingreso Irrestricto” de los estudiantes, una conquista que Perón le daría al pueblo cuatros años más tarde. Esos deben ser nuestros argumentos para implicarnos.

En el año del Centenario de la Reforma Universitaria necesitamos homenajear este aniversario del mismo modo en que fue conquistada esa Reforma: unidos y comprometidos para frenar el ajuste, la entrega, la represión y los ataques a la educación pública. Luchando por la prevalencia de un modelo de Universidad Pública y Gratuita, de Calidad, Inclusiva y Popular, como los argentinos protagonistas de la revolución universitaria de 1918, estaremos asegurando las bases de un país con más derechos y oportunidades, piedras angulares para el progreso y la justicia social.

“La Educación Pública No Se Vende, Se Defiende”