María Grande al Día

La decisión del Presidente Mauricio de eliminar por un decreto de necesidad y urgencia el denominado Fondo Sojero creado por decreto 206/09 significa un retroceso en el debate que se originó con el conflicto agropecuario en el año 2008.

Los derechos de exportación o retenciones son más antiguos que la misma República Argentina, porque surgen con la creación de la Aduana de Buenos Aires que funciona desde 1580 y que siempre tuvo objetivos recaudatorios, que engrosaron el Tesoro Nacional.

La importancia de esa recaudación se deja ver cuando la Provincia de Buenos Aires no firma el acta de la Constitución de 1853 y recién en 1860, al adherirse, lo hace con la condición de que esos ingresos, derechos de exportación o retenciones, no formen parte de la masa. coparticipable a las provincias.

La crisis agropecuaria del 2008 puso en debate el sistema federal argentino y la distribución de los ingresos, ya que, en los últimos 28 años, las provincias y los municipios han ido perdiendo cada vez más fondos por la aprobación de leyes y la firma de pactos fiscales que hicieron que la dependencia económica se profundizara más.

Cuando el decreto 206 se firma se lo hace en un contexto político muy especial, después del voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos y como una forma de asistir a las provincias y demostrar la utilidad de esos recursos, a través de la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja.

Fue un decreto al principio discutido porque coparticipaba a todas las provincias (menos San Luis y La Pampa que no firmaron los pactos fiscales) la producción de la zona núcleo -especialmente Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires-, pero significó un gran avance que después de 143 años de lucha, la Nación coparticipara un porcentaje de sus ingresos por retenciones.

Esos fondos, destinados a la obra pública, son los únicos que logran qué, en las pequeñas comunidades, se realice algún tipo de obra.

Paralizados o retrasados los fondos nacionales, con un gran esfuerzo de los gobiernos provinciales, con un Gobierno Nacional que exige bajar la presión fiscal, el suspender el fondo de la soja, significa lisa y llanamente la desaparición de la obra pública en los municipios, lo que trae más desocupación y recesión.

Es interesante observar como los temas de fondo en el país se siguen debatiendo eternamente y como la Nación, cuando debe bajar el déficit fiscal, apela a concentrar fondos, en detrimento de las provincias y sus municipios.

Este decreto vuelve a poner en la agenda los principios de independencia económica y su consecuencia directa, la soberanía política. Ataca y degrada nuevamente el sistema federal argentino y convierte a la Nación en un súper Estado, sin territorio propio, determinando arbitrariamente el destino de cada provincia.

Es bueno recordar que el estado Nacional es una creación jurídica ficticia y que somos las provincias la que lo creamos y la componemos, y a las que le delegamos funciones de representación.

Sin embargo, la historia marca constantemente, que la Nación se ha convertido en un país separado de sus miembros, que negocia, modifica y saca fondos para mantener una estructura burocrática que se agranda a costa del sacrificio de las provincias.