María Grande al Día

Este Proyecto de Ley, que me tocara fundar en la tarde de ayer en el recinto de la Cámara de Diputados, en cierto modo, es una suerte de reparación simbólica –como todo lo que no llega a tiempo- pero con efectos reales, una respuesta contundente de los poderes del Estado de derecho ante el brutal crimen de Micaela García en 2017 que conmovió a todo el país y en especial a los entrerrianos.
La joven, que tenía 21 años, era una activa participante del #Niunamenos, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. Era oriunda de Concepción del Uruguay, pero vivía en Gualeguay, donde cursaba el profesorado universitario de Educación Física. Por el hecho fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, quien confesó haber violado y matado a la chica. El asesino debió haber estado preso, convicto por la violación anterior de dos chicas, cuando Micaela se cruzó en su camino. Estaba en la calle gracias a que el Juez de Ejecución Penal de la provincia , Carlos Rossi, le otorgó el beneficio de la libertad condicional a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban expresamente. Rossi, fue sometido a un Jury por mal desempeño en sus funciones, pero esa es otra historia…con un final muy cuestionado.
El 17 de octubre de 2017 un tribunal condenó a Wagner a prisión perpetua por «abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado «. También sentenciaron a cinco años de cárcel por «encubrimiento» a su ex patrón, Néstor Pavón.
En este contexto, el Gobernador Bordet envío a la Legislatura el año pasado, el Proyecto modificarorio de la Ley de Ejecución de Penas de Entre Ríos, cuyo texto fue enriquecido y perfeccionado a partir del aporte de expertos en la materia. Como Presidente de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General en donde se analizó y debatió el proyecto, he tomado esta iniciativa, desde un principio, con la seriedad y respeto que merecen Micaela García, su familiares y tantas otras víctimas de delitos aberrantes.