María Grande al Día

Desde el bloque de concejales del PJ-FPV de María Grande queremos sumarnos a las recientes y amplias manifestaciones populares expresadas en todo el territorio nacional, en repudio al fallo de la Suprema Corte de Justicia que, con una mayoría armada para la ocasión, viene a romper el pacto social tácito que respalda la vida en democracia, que tanto nos ha costado conseguir a los argentinos.

Los consensos logrados en distintos momentos nos han permitido disfrutar de treinta y cuatro años de vida en libertad y democracia, que establecieron un nuevo orden institucional, dejando atrás los golpes de Estado que se sucedieron en el país desde 1930 con el derrocamiento del Presidente Hipólito Irigoyen.

Han pasado 41 años de una terrorífica etapa de nuestro país, un hecho que parece tan reciente y tan lejano a la vez. La Argentina vivía la peor dictadura cívico militar, donde se instalaba el terrorismo de Estado, aplicando un plan sistemático de exterminio a quienes pensaban diferente al Poder de facto (secuestros, torturas, desaparición, robos de bebés de las victimas nacidos en cautiverio, entre otros tantos delitos más), generando la incertidumbre en miles de familias sobre los paraderos de sus seres queridos. No hubo casi distinción de color político, han sido víctimas de estos crímenes de lesa humanidad militantes de las distintas facciones que existían en el campo político. Ahora bien, debemos saber que cuando se califica un crimen como de lesa humanidad es porque el autor de dichos crímenes ha sido el Estado, y no específicamente contra otro Estado, sino contra sus propios ciudadanos, lo cual está condenado mundialmente por diversos tratados internacionales, y no admite atenuantes de ningún tipo. Por eso entendemos que estos crímenes no deben ser equiparados, en cuanto a su juzgamiento y aplicación de penas, de igual modo que los llamados delitos comunes. En tal sentido, resulta totalmente repudiable el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reduce notablemente el tiempo de prisión de un condenado a prisión por delitos de lesa humanidad, aplicando la Ley conocida como “2×1” fuera del mandato de su vigencia, en contra de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, tal como lo ha expresado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde además han afirmado que los Estados tienen la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena.-

Tal vez, muchos de los que no vivimos esta etapa o bien la vivimos en pueblos chicos, no comprendamos la historia o no asumamos que todas aquellas personas que padecieron estos crímenes fueron víctimas del Estado por el solo hecho de pensar distinto. En una sociedad que enseña a obedecer sin cuestionar, pareciera ser que toda lucha es mala, pero claramente eso no es así. Son aquellos que más tienen quienes a través de sus declaraciones y conjuntamente con los medios de comunicación intentan hacernos creer que no somos dignos de pelear por más, que debemos conformarnos con lo que nos dan, con lo que les sobra. Gracias a estas transformaciones en el campo intelectual y de los derechos humanos, que vienen llevado adelante, de manera inclaudicable, distintas Organizaciones de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchas otras más, es que estos paradigmas están cambiando, para que asumamos que debemos formarnos con la capacidad de pensar, razonar, aceptar, criticar y accionar en base a nuestras ideas, sin permitir que nadie quiera influir en nosotros a través de la fuerza y ejerciendo la violencia.

Por lo expresado anteriormente no nos debe quedar duda que los derechos se consiguen en la lucha, y que ninguna lucha es fácil.

Vemos con amplia preocupación a muchas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional actual en materia de derechos humanos, donde claramente se pretende instalar un cambio cultural y discursivo sobre los hechos acaecidos en la última dictadura militar. Lamentablemente, la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha amoldado a este nuevo tinte ideológico que se busca instalar desde el Poder Central, el cual coincide con declaraciones públicas realizadas por los más altos funcionarios del Gobierno Nacional, refiriéndose a la política de derechos humanos como un “curro”; negando, además, a los 30.000 desaparecidos y al plan sistemático implementado por los militares, pretendiendo justificar estos aberrantes crímenes con la “teoría de los dos demonios”. Todos estos intentos de cambiar lo que fue nuestra historia nos afecta, nos molesta y nos entristece.

Quizás, una declaración de carácter local pueda tildarse, para algunos, de falta de sentido, pero resulta necesaria para hacer presente a las nuevas generaciones ciertos hechos fundamentales de la historia reciente. Hoy un 60% de la población es menor de cuarenta años (72% si agregamos parte de su niñez)  y poco conoce de la historia vivida en la dictadura. Máxime cuando la generalidad de los  medios de expresión trata de mantenerlos entretenidos en otros temas y ajenos a la política.

Los integrantes del bloque del PJ-FPV estamos en esa generación, y nuestros mayores nos recuerdan que cuando el frustrado golpe de semana santa de 1.987, intentado al Presidente Raúl Alfonsín por el levantamiento cara pintada en los cuarteles, ponía nuevamente en jaque a nuestra vida institucional, la inmensa mayoría de las autoridades partidarias, sindicales, etc., a nivel nacional mostraron que la democracia estaba primero que cualquier contienda electoral. María Grande no fue la excepción. Autoridades, representantes de partidos políticos, instituciones y ciudadanos en general manifestaron su repudio al intento de un nuevo golpe y respaldaron a la democracia, expresándolo frente al edificio municipal, como símbolo de una defensa común de la comunidad toda.

Con estas palabras, nos interrogamos lo siguiente: ¿cómo podemos avalar la liberación o reducción de penas a personas que por haber torturado, violado, asesinado, robado bebés, secuestrado y hecho desaparecer a miles de argentinos, fueron debidamente juzgados y condenados y aún no han cumplido la totalidad de las mismas, sumado a ello que no han mostrado arrepentimiento alguno y tampoco han prestado colaboración para el esclarecimiento de esta época infame, ni para encontrar los hijos apropiados, ni los cuerpos de los desaparecidos?. Por ello, ante estos embates de ciertos sectores de Poder, el pueblo debe estar unido, hoy, más que nunca. A los Genocidas: Juicio y Castigo. Todavía faltan esclarecer numerosos crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Todavía hay madres queriendo saber dónde están sus hijos y abuelas que no abandonan la búsqueda de sus nietos. Reivindicar la política de derechos humanos, como política de Estado, repudiar todo acto que intente amedrentar la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA, es también defender nuestra democracia.

BLOQUE DE CONCEJALES – PJ-FPV

MARÍA GRANDE