María Grande al Día

La institución de la Audiencia Pública que fue incorporada a la Constitución Nacional en 1994 y a la Constitución Provincial en 2008, es una figura del derecho norteamericano instituida en favor de los consumidores para evitar abusos por parte de las empresas privadas que en los Estados Unidos son titulares de los servicios públicos. Pero el sistema de derechos y obligaciones que rige las relaciones de consumo es sustancialmente distinto del que regula las relaciones tributarias. Es por ello que los impuestos están expresamente excluidos de las materias que pueden ser objeto de tratamiento de una audiencia pública» indicó Lara.

A modo de ejemplo, señaló luego: “En la provincia de Buenos Aires -distrito gobernado por la alianza Cambiemos – la Ley reglamentaria de la Audiencia Pública expresamente excluye de dicho instituto los temas referidos a impuestos, tal como todos los mecanismos de democracia indirectos previstos en la Constitución excluyen la materia impositiva. formas

Por eso Lara entendió que el senador  “va a tener que fundamentar muy bien esta peregrina iniciativa que ha hecho pública, a partir de la cual pretende convocar a una audiencia pública por una materia que es a todas luces impropia de tener tratamiento por medio de ese mecanismo”.

Asimismo declaró que «mientras el senador nada dice del tarifazo nacional, a todas luces desproporcionado, califica como impuestazo una reforma tributaria que no es tal, y que en todo caso tiene como principal objetivo hacer más equitativo y justo el esquema tributario vigente”.

“Es absolutamente claro lo que digo, este proyecto no conlleva ningún impuestazo ya que aquí no vemos que se aumenten alícuotas de tributos, ni se creen impuestos nuevos como así tampoco se modifican los avalúos inmobiliarios vigentes”.

La iniciativa legislativa

En ese punto Lara señaló que el proyecto de ley que ingresó en la Legislatura enviado por el Ejecutivo provincial incorpora nuevos instrumentos para controlar a los evasores, pero en absoluto contiene normas que impliquen un aumento en ningún impuesto.

“Este proyecto tiende a corregir las injusticias y las inequidades que hoy se producen. Por ejemplo, en el Impuesto Inmobiliario urbano cuando se cruzan los datos de los catastros municipales con el catastro provincial surgen importantes diferencias en metros de mejoras que no están en la base provincial. Eso significa que muchos declaran sus construcciones, algunas de ellas muy lujosas, sólo al municipio, y que como consecuencia de ello algunos pagan como corresponde y otros no”, explicó.

“Este proyecto tiende a modernizar nuestro actual código y a solucionar problemas de larga data en el organismo fiscal por ejemplo, con la incorporación de un único domicilio fiscal obligatorio para los contribuyentes y con la incorporación de un domicilio electrónico, similar a lo que exige la AFIP y otras provincias, lo que constituye un gran avance ya que facilita y optimiza tanto la fiscalización como la comunicación con los contribuyentes por parte de la ATER y evita nulidades de procedimientos”, señaló Lara.

Asimismo, contiene conceptos de simplificación, modernización, controles cruzados, cobranza activa y la actualización de montos mínimos en función de valores históricos pero sin tocar ninguna alícuota, precisó también el legislador justicialista.

“Estas situaciones son las que tiende a corregir el proyecto, por eso debemos ser responsables y coherentes en nuestras posiciones políticas, no sólo por la responsabilidad institucional que como legisladores tenemos sino también para no generar confusión en la ciudadanía en cuestiones tan sensibles”, sostuvo Lara.

Más precisiones

Lara profundizó en algunos conceptos respecto de la sorpresiva postura del senador. “La audiencia pública no es el mecanismo para dirimir cuestiones impositivas que son decisiones de política tributaria de un gobierno, para eso está la Legislatura en donde confluyen todos los representantes del pueblo. Es en las comisiones y en las sesione donde debe debatirse el proyecto de ley y proponer las modificaciones que se crean necesarias. Ambas son públicas y allí está representada la ciudadanía. Luego remarcó que el proyecto legislativo no contiene ninguna norma que afecte o involucre el interés general de la sociedad, “ya que la mayoría de las modificaciones propuestas son meramente operativas, y otras están dirigidas a lograr un sinceramiento de la realidad económica en determinadas operaciones inmobiliarias que realizan algunos contribuyentes, como es el caso del Impuesto de Sellos,  a fin de tributar menos de lo debido. De aceptar esto y no combatirlo a través de mecanismos de control como los que se quieren implementar en esta ley, implicaría sin mas convalidar desde el propio Estado la elusión fiscal”, concluyó.