María Grande al Día

No resulta una novedad para nadie decir que hay una creciente preocupación mundial sobre el flagelo de las drogas y específicamente sobre el tráfico de estupefacientes.

Desde hace aproximadamente 50 años cuando se decidió lanzar “la guerra contra las drogas” se han llevado adelante distintas estrategias que fueron acompañando la dinámica de este fenómeno, con periodos de mayor o menor “mano dura”, según fueran más o menos “progresistas” los gobiernos de turno.

En nuestro país a mediados de 1985, por decreto del Presidente Alfonsín, se creó la Comisión Nacional para el Control del Narcotráfico y el Consumo de Drogas, primera entidad oficial específica abocada a la consideración de las soluciones posibles para los diversos aspectos del problema de las droga.

La dinámica de este flagelo es tal que en el mes de agosto de 1986 en el caso “Bazterrica” fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del voto del Dr. Petracchi quien dijo que «la droga es, indudablemente, una lacra que produce atroces consecuencias en las sociedades modernas. Una de dichas consecuencias es la de que la diseminación y desborde del tráfico y consumo de estupefacientes ha adquirido un volumen tal y tan descomunal, que ha facilitado la conformación de un negocio económico administrado por consorcios internacionales que cuentan a veces con recursos que superan las posibilidades de los propios Estados”.

En igual sentido el 21 de septiembre de 1989 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 23.737 conocida como Ley de Estupefacientes que tipificó los delitos y estableció las conductas punibles en casos de ilícitos cometidos en ocasión de actividades vinculadas al narcotráfico.

Esta ley, que claramente tiene por objeto la lucha tendiente a la erradicación de la producción, tráfico, oferta y demanda de estupefacientes ilícitos, estableció la competencia de la Justicia Federal para la investigación y juzgamiento de tales delitos.

El 27 de julio de 2005 la Legislatura Nacional sancionó la Ley 26052 -modificatoria de la Ley Nº 23737 de Estupefacientes- que asignó a favor de las jurisdicciones provinciales que adhieran al sistema mediante ley, las conductas de menor gravedad de ilicitud denominadas coloquialmente «narcomenudeo», manteniendo bajo la órbita de conocimiento de la jurisdicción federal, aquellos delitos que se vinculan con el tráfico ilegal en escala considerable.

Asimismo, el artículo 5º dela Ley N° 26.052 estableció un sistema de transferencias proporcionales a las jurisdicciones que adhieran y que así lo requieran, de los créditos presupuestarios para garantizar la ejecución de esa ley.

Entre Ríos adhirió a través de la Ley Nº 9783 al sistema establecido por las leyes nacionales 23737 y 26052, pero el mismo Decreto de promulgación de la adhesión provincial (Nº 4387 MGJEOSP), dispuso que la vigencia y operatividad de la ley quede suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia.

En ese estado de suspensión se mantuvo la ley de adhesión hasta el año 2014 en el que la Legislatura entrerriana sancionó la Ley 10329 en virtud de la cual se modificó la Ley 9783 y se dispuso la adhesión parcial a la Ley Nacional N° 26052, asumiendo la Provincia la competencia solamente para la investigación de los delitos relacionados al narcomenudeo reservando la competencia de la Justicia Federal para el juzgamiento de los mismos.

A poco de andar el Juez Federal de Paraná declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 10329 sosteniendo que la alteración de la norma nacional por parte de una adhesión “parcial” provincial, ofrece como resultado un proceso combinado e inédito que subvierte los principios de supremacía del orden federal y el de jerarquía de fuentes del derecho.

También indicó que la ley nacional Nº 26052 al habilitar la adhesión de las provincias respecto de “Los delitos previstos y penados por esta ley…”, expresamente dispone que dicha opción sea asumida “…en las condiciones y con los alcances que se prevén…”, sin efectuar distinciones entre fases o etapas del proceso, y menos aún combinar los mismos.

Mientras tanto el flagelo continúa su derrotero y frente a él debemos pararnos decididamente, ya que nuestro deber y responsabilidad es velar por la salud pública y por la seguridad de los entrerrianos.

En tal sentido, recogiendo el planteo hecho por el Gobernador Bordet en la Asamblea Legislativa del 15 de febrero respecto de trabajar para resolver este conflicto es que entiendo que ha llegado el momento en que Entre Ríos asuma la competencia para la investigación y juzgamiento de los delitos relacionados al “narcomenudeo” en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional N° 26.052 y trabajar fuertemente en la gestión ante el Gobierno Nacional – que también se ha comprometido a enfrentar al narcotráfico – la transferencia de los créditos presupuestario para el efectivo cumplimiento de la norma.

Vale traer colación que recientemente se produjo el traspaso de parte de la Policía Federal a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la consecuente transferencia de los créditos presupuestarios correspondientes. Es decir, que ya el Gobierno Nacional ha hecho uso de este procedimiento.

En muchas oportunidades el Presidente de la Nación ha dicho que los objetivos prioritarios de su gestión son “pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y la unión de los argentinos” y en otra gran cantidad de oportunidades se ha comprometido a transferir a las provincias los fondos necesarios para llevarlos adelante, por lo que entiendo que existe de parte del Gobierno Nacional buena prodisposición para acceder a esta demanda.

No será una tarea sencilla. Muy por el contrario. Pero estoy persuadido que tanto el Poder Judicial de Entre Ríos como la Policía provincial están en condiciones de asumir tan importante rol y que tanto bien le hará a cada uno de los entrerrianos.

Por mi parte entiendo que sería factible la creación de una comisión especial tripartita que acompañe el proceso de implementación proponiendo soluciones concretas a los inconvenientes que se vayan presentando, ejecutando un trabajo articulado que es la única forma en la que se puede enfrentar el problema.

Diego Lara – Dip. Provincial