María Grande al Día

¿El gobierno de Macri es incapaz de percibir el tremendo riesgo sanitario que representa no proveer las vacunas obligatorias, o será que ni siquiera les interesa?

En un hecho inédito y que no reconoce justificación alguna, el Gobierno del Presidente Mauricio Macri ha retrasado el envío de distintas vacunas que ya deberían estar distribuidas en los efectores públicos de la provincia a disposición de la población vulnerable que las necesita. Por este motivo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reclamó a Nación a través de una carta documento la urgente regularización de la entrega de las dosis.

Las vacunas que no tienen stock en la provincia son cuatro: la que previene la Hepatitis A pediátrica, que se aplica al año de vida; la del Meningococo, de la que se aplican colocan dosis a los 3, 5 y 15 meses, y también  a los 11 años; la de la Varicela, que se coloca a los 15 meses; y la  vacuna contra la poliomielitis, conocida como Salk, con aplicaciones a los 2 y 4 meses.

Además existen sólo unas 1500 dosis de Triple Bacteriana Acelular,  que se utiliza a los 11 años y en embarazadas (para evitar difteria, tétanos y pertusi acelular); y también de la denominada Celular, que se pone al ingreso escolar.

¿Es acaso el gobierno de Macri incapaz de percibir el tremendo riesgo sanitario que esto representa o será que ni siquiera les interesa? Hablamos del bienestar y de la vida misma de bebés, gurises y mujeres embarazadas que son desamparados por el Estado nacional como si nada, sin que medien explicaciones, sin que ningún referente de la Alianza Cambiemos se ruborice por eso. Ante esta gravísima situación no existen aquí ni los pedidos de informes ni las denuncias mediáticas por parte de sus dirigentes, nada.

Los entrerrianos debemos saber que la entrega en la cantidad y calidad necesarias de las diferentes vacunas son una potestad exclusiva del Estado Nacional. El reconocimiento constitucional de la salud como un derecho convierte al Estado en el garante del acceso a la vacunación en forma masiva, lo que asegura un acceso igualitario a este bien social. Por eso nos referimos a la salud como un derecho y no como un privilegio de clase. Aunque claro está, no todos hablamos el mismo lenguaje.

La persistente faltante de estas vacunas, gratuitas y obligatorias, atenta contra derechos humanos fundamentales ya que cientos de miles de entrerrianos quedarían expuestos a contraer enfermedades que podrían generar discapacidades e inclusive la muerte. En los tres últimos años, el Gobernador Gustavo Bordet se hizo cargo con recursos provinciales de decenas de programas socio sanitarios que el Gobierno de Macri desfinanció. Pero nuestra Provincia no puede asumir una carga semejante. La Nación debe cumplir. Hacerlo es un acto de responsabilidad pública y moral impostergable. La salud y la vida de la gente no pueden ser una variable de ajuste.

Diego Lara 

Diputado provincial justicialista