María Grande al Día

Con el objetivo de definir criterios de distribución de competencias, política criminal, coordinación inter-fuerzas y aspectos operativos, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presidió este jueves una reunión con los jueces y fiscales federales y provinciales en el marco de la implementación de la nueva ley de Narcomenudeo que entrará en vigencia el 9 de mayo.

La vocal del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, celebró la instancia de debate y cooperación entre los poderes federales y provinciales, y manifestó: “Como se sabe nosotros tenemos un sistema distinto donde la investigación preliminar está a cargo de los fiscales. Esta primera etapa, todo lo que tiene que ver con secuestros y narcomenudeo, está en manos del Ministerio Público Fiscal. Luego de esto vendrá la colaboración y tratamiento, de las cárceles, el aumento de la población carcelaria y los espacios de rehabilitación, que van de la mano de esta ley”.

Por su parte el fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Ricardo Álvarez, detalló: “La intención es contribuir a la más recta ejecución de lo que ha resuelto la legislatura local. La comunidad conoce que la Justicia Federal, en la persona de dos de sus actores locales, objetó en su momento la anterior ley de Narcomenudeo. Frente a este nuevo modelo, que aparentemente reúne las características de mostrarse como un producto válido, lo que resta es acompañar su ejecución y puesta en dinamismo, fundamentalmente el momento de articulación que es éste”.

“Lo que cabe de nuestro lado es contribuir a que eso suceda con la mayor plasticidad y naturalidad, evitando conflictos innecesarios, fundamentalmente de orden cognitivo vinculado a la competencia. Es un trabajo que va a llevar un tiempo y esperemos sea lo más breve posible”, afirmó Álvarez.

Aportes y continuidad de trabajo

“Fue una jornada enriquecedora, en aras a la eminencia de la implementación de la ley, que ocurrirá los primeros días de mayo. Estamos procurando distintos sectores del gobierno de Entre Ríos, el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, para establecer criterios en la implementación que nos lleven a complementarnos y no tener ningún tipo de dificultad cuando la ley comience a desarrollar su tarea”, subrayó la ministra Rosario Romero.

Asimismo, Romero agradeció a todos los sectores que participaron de la reunión “porque han tenido la mejor predisposición y han hecho aportes conceptuales en cuanto a protocolos comunes de cómo deben comportarse las fuerzas de seguridad. Se habló de todo y vamos a seguir trabajando, con la presencia de más miembros del Poder Judicial, fiscalías y defensorías, en las próximas semanas”.

El secretario de Justicia, Pablo Biaggini, explicó además que “esta reunión ha sido convocada desde el Ministerio de Gobierno, en orden a desarrollar un trabajo coordinado de reparto de competencias y discernimiento operativo entre las jurisdicciones, tanto provinciales como federales, en orden a que hay zonas grises en las que seguramente tendremos actividades superpuestas. En este marco, es necesario que todos los procedimientos judiciales y de intervención de la fuerza de seguridad, tengan un ámbito de trabajo en común para poder establecer criterios de diferenciación para cada uno de los estamentos”.

El encuentro se realizó en la Sala Antequeda, de Paraná, y estuvieron presentes junto a la ministra, el juez Federal de 1° Instancia de Concepción del Uruguay, Pablo Seró; el juez de 1° Instancia de Paraná, Leandro Ríos; la vocal del Superior Tribunal, Claudia Mizawak; la fiscal Adjunta, Cecilia Goyeneche; el procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García; el defensor General del Superior Tribunal de Justicia, Maximiliano Benítez; el fiscal General Federal, José Candiotti; la fiscal General de Coordinación en Paraná, Matilde Federik; el fiscal de Coordinación, Álvaro Piérola; el fiscal interino de Victoria, Carlos García Escalada y secretarios de los Juzgados Federales de Paraná y Concepción del Uruguay.

(Prensa Ministerio de Gobierno)