María Grande al Día

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de abril pasado y es impulsado por el diputado peronista Diego Lara.

La iniciativa apunta a regularizar el funcionamiento de las financieras que otorgan créditos para consumo y proteger a los consumidores.

Se denomina entidad de crédito para consumo a “aquella persona física y/o jurídica que otorgue préstamos con fondos propios o recursos no bancarios que no estén alcanzadas por la Ley N°21.526 “Ley de Entidades Financieras” y/o por la Ley N°25.065 “Ley de Tarjetas de crédito”.

“El proyecto reconoce su antecedente en una ley provincial recientemente sancionada en la provincia de La Pampa y responde al constante crecimiento de la oferta de los denominados créditos al consumo, ofrecidos por distintos tipos de entidades, comúnmente llamadas “financieras” -no regidas por la Ley de Entidades Financieras- las que en muchos casos cometen una gran cantidad de abusos hacia los consumidores, ocasionando un fuerte aumento de denuncias por parte de éstos”, se indica en el proyecto que ingresó el jueves pasado en la Cámara de Diputados.

“En el universo de entidades que otorgan crédito, encontramos a las entidades financieras, las tarjetas de crédito, las cooperativas y mutuales, y las ‘entidades de crédito al consumo’”, se señala luego.

En la iniciativa se indica que las entidades financieras se encuentran alcanzadas por Ley N° 21.526 “Ley de Entidades Financieras” y son las instituciones autorizadas y reguladas por el Banco Central de la República Argentina para intermediar financieramente, es decir, para recibir ahorros del público y colocarlos en el mercado a través de préstamos u otros recursos financieros. Las tarjetas de crédito son comercializadas por los comercios o entidades financieras que también se encuentran supervisados por el BCRA a partir de la ley N° 25.065 “Ley de Tarjetas de crédito” y poseen un tope máximo de tasa de interés a aplicar por disposición del Banco Central.

“Luego encontramos a las Cooperativas y Mutuales quienes se encuentran supervisadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y caen bajo la órbita de la Ley N°20.321 “Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales” y la Ley N°20.337 “Ley de Cooperativas; en este último caso, si bien su función es de ayuda social para los asociados, se detectan cada vez más cooperativas o mutuales que realizan préstamos y actúan de manera similar a las entidades financieras, pero sin la supervisión del BCRA”, dice Lara en otro párrafo de los fundamentos del textos.

Finalmente “encontramos en el mercado a las llamadas financieras o prestamistas, que abarcan a todo aquel comercio, empresa o persona que otorgue préstamos al púbico y que no se encuentran supervisadas por el BCRA”, añadió.

“Estas entidades de crédito al consumo quedan entonces fuera de un marco legal específico que contemple las particularidades de la temática y sólo podemos aplicar como norma general que regula cualquier actividad de consumo como lo es la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor”, sostuvo luego.

En este marco, el diputado Lara afirmó que “este proyecto pretende entonces brindar protección a los consumidores de los servicios de crédito al consumo estableciendo obligaciones concretas que permitan lograr una relación de consumo equitativa e igualitaria”.

“Estos consumidores son generalmente personas con escaso acceso a la información

(jubilados, pensionados, personas con bajos recursos económicos). Aprovechándose de esta situación de debilidad y necesidad y de la imposibilidad de acceso al sistema financiero bancario, es que estas entidades han encontrado un lugar propicio donde desarrollar sus actividades por demás lucrativas”, subrayó.

“Esta situación pone de manifiesto las desigualdades que el sistema financiero ‘formal’ provoca al dejar a un sector de la población sin acceso a sus servicios por encontrarse, muchas veces, en la informalidad, y por no reunir los requisitos establecidos por las instituciones bancarias para brindarles créditos adaptados a sus necesidades. Esa falta de

‘bancarización’ sumada al crecimiento del consumo que ha habido en los últimos años, generó que ciertos actores como las entidades de crédito al consumo pudieran entrar en la economía de los sectores populares otorgando casi de manera instantánea y con mínimos requisitos, dinero en efectivo”, sostuvo.

“La falta de regulación específica sumada, tal vez, a que sus consumidores muchas veces carecen de información y de herramientas para ejercer sus derechos ha provocado que estas entidades cometan numerosos abusos; tasas de interés usurarias, costos ocultos, falta de información clara, etc”, dice el texto en sus últimos párrafos.

Fuente: APFDigital