13/04/2018 Política
El Tribunal de Cuentas auditó los fondos transferidos para la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos.

Auditores del Tribunal de Cuentas analizaron la recepción, aplicación y rendición de cuentas de los fondos transferidos por Nación a la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa “Estrategia Nacional para la gestión integral de los...

El Tribunal de Cuentas auditó los fondos transferidos para la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos.
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Auditores del Tribunal de Cuentas analizaron la recepción, aplicación y rendición de cuentas de los fondos transferidos por Nación a la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa “Estrategia Nacional para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos”. Los municipios auditados fueron el de  María Grande, Tabossi y Urdinarrain y Aldea San Antonio,  los cuales recibieron en total $7.795.830.

Desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia se lleva adelante la tarea de controlar los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública que se ejecutan en Entre Ríos, procurando que las políticas públicas de contención, promoción, desarrollo, integración e igualdad social lleguen a quienes realmente las necesitan, evaluando su desempeño y contribuyendo a su mejoramiento.

En este sentido, y en el marco de la Red Federal de Control Público, auditores del Tribunal de Cuentas efectuaron una auditoría sobre la recepción, aplicación y rendición de cuentas de los fondos transferidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa “Estrategia Nacional para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos”.

El objetivo de este Programa es brindar asistencia técnico financiera a municipios de todo el país a los fines de lograr una gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos, a través del desarrollo de proyectos en lo referente a la elaboración y desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; la ejecución de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto; la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes; el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento; la adquisición de vehículos destinados a la recolección de residuos y maquinaria asociada a la adecuada gestión de los mismos; y el desarrollo y ejecución de programas de gestión y capacitación en materia de residuos.

Además, como parte de los trabajos de control realizados, los auditores del TCER analizaron el cumplimiento del objeto establecido en los diferentes convenios suscriptos con los municipios de Aldea San Antonio (Res. Nº807/15 JGM; por un total de $2.209.062), María Grande (Res. Nº914/15 JGM; por un total de $1.901.193), Tabossi (Res. Nº1049/15 JGM; por un total de $1.270.300) y Urdinarrain (Res.Nº1099/15 JGM; por un total de $2.415.275); totalizando unos $7.795.830 transferidos desde Nación a estos 4 municipios entrerrianos.

Red Federal de Control Público

La Red Federal de Control Público se instituye como un emprendimiento organizacional que integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones de carácter nacional. Se constituye además, como la garante de cobertura de control en el ámbito nacional, a través de relevamientos y acciones directas en el campo de ejecución de la política social.

En este marco, se realizan auditorías conjuntas y actividades de intercambio técnico entre SIGEN, las UAI y los órganos de control incorporados. Una de sus mayores fortalezas reside en que las auditorías son realizadas por técnicos de cada jurisdicción, conocedores de la realidad y problemáticas locales, lo que posibilita la creación de un método articulado y federal para un control más eficaz, que atienda a las particularidades de cada región.

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos fue uno de los primeros órganos de control en adherir a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional en el año 2002, cuando sólo estaba conformada por 10 de los 47 organismos que hoy controlan todos los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública en cada provincia.

La Red Federal de Control Público constituye un instrumento eficaz y permanente para la fiscalización de la gestión pública, con mecanismos de prevención, detección y medición de gran utilidad para la minimización de los riesgos a los que se encuentra expuesta la misma.

 

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