María Grande al día

Día 30-05-2017 · 01 hs.

Sobre la discusión colectiva en la toma de decisiones de los órganos del poder- Por Dip. Lara

LA PARTICIPACION PREVIA DE LA CIUDADANIA EN LOS FALLOS JUDICIALES: “EDUCACION RELIGIOSA OBLIGATORIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE SALTA vs LIBERTAD DE RELIGION Y DE CONCIENCIA”

Recientemente fue noticia en diferentes medios nacionales la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien resolvió convocar a una Audiencia Pública para el tratamiento de un amparo colectivo presentado por la Asociación de Derechos Civiles y un grupo de madres salteñas que, desde hace años, persiguen la declaración de inconstitucionalidad de las leyes salteñas que establecen la inclusión del “catecismo” como parte de la enseñanza obligatoria en las escuelas y colegios públicos de la provincia de Salta.

Entiendo que la participación ciudadana, a través de estos mecanismos que buscan fortalecer el debate público, es la única manera de evitar o al menos morigerar que fallos de alta repercusión o de alcance colectivo resulten un golpe inesperado para la sociedad. En un Estado democrático, la discusión colectiva debería preceder a la toma de algunas decisiones por parte de los principales órganos del poder.

Me pregunto: ¿Este no hubiese sido el camino correcto que la Corte debería haber adoptado en el caso “Muiña”, donde decidió -a puertas cerradas- aplicar el conocido 2×1 en un delito de lesa humanidad? … Definitivamente sí, porque la elección de un funcionario, y con más razón de un juez, no lo convierte en un ente autónomo de la voluntad social, sino muy por el contrario, lo obliga a informar y a consultar previamente a la ciudadanía en determinados casos de alta trascendencia social.

Retomando la cuestionada posición del gobierno salteño de impartir la educación religiosa en forma obligatoria, me permito recordar que la educación pública laica es una de las grandes herramientas con las que se construyó el valor democrático de la horizontalidad ciudadana. Es el reflejo claro de los derechos constitucionales de libertad de religión y de conciencia, de igualdad y de no discriminación, y es por ello, que estoy plenamente convencido que la laicidad en las escuelas públicas argentinas debe ser protegida y respetada por los organismos gubernamentales.

Y con la misma convicción que sostengo la necesidad de conservar la laicidad en la educación pública, también considero que el Estado debe apoyar a las escuelas confesionales, de modo tal de asegurar que aquellos padres que quieren darle una educación religiosa a sus hijos no encuentren barreras para hacerlo.

Esperemos que la comunidad organizada se exprese con libertad y conciencia y que la decisión de la Corte sea respetuosa de esos consensos sociales, puesto que este debe ser el camino hacia una democracia más social y más participativa.

                                                                         Diego Lara
                                                                    Diputado Entre Ríos